Gonzalo Macco

La prevención de la corrupción no empieza cuando aparece una denuncia. Empieza mucho antes: cuando existen reglas claras sobre conflictos de intereses, declaraciones juradas, incompatibilidades, contrataciones, nepotismo y actividades posteriores al ejercicio de la función pública.

Sin dudas, este proyecto representa un avance institucional de alta referencia para la provincia. Fortalecer la integridad pública no solo contribuye a prevenir la corrupción, sino que mejora la calidad de las decisiones estatales, incrementa la confianza ciudadana y consolida un Estado más moderno, transparente y eficiente.

Un Estado moderno necesita políticos capaces de conducir y especialistas capaces de asesorar, diseñar, implementar y evaluar. Necesita carreras públicas que acumulen conocimiento y partidos que vuelvan a formar dirigentes.

Un municipio puede tener autonomía jurídica y seguir dependiendo de información incompleta. Puede tener nuevas competencias y no contar con equipos preparados para ejercerlas.

El pasado 24 de julio, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se presentó el Tercer Consenso en Administración Pública, una iniciativa que, desde hace siete años, reúne a especialistas, académicos, funcionarios y exfuncionarios de distintas procedencias para debatir cómo construir un Estado más profesional.

Un municipio moderno no es el que tiene más aplicaciones o más pantallas. Es el que logra resolver los problemas de sus vecinos con eficiencia, transparencia y previsibilidad.

De todos los proyectos ingresados en ambas cámaras, solamente uno -el presentado por el diputado provincial Walter Ghione- propone incorporar la discusión sobre la Boleta Única Electrónica. El resto se concentra en perfeccionar el modelo actual sin abrir el debate sobre una eventual evolución tecnológica del sistema de votación.

 La diferencia entre un Estado íntegro y uno vulnerable no está en la calidad moral de quienes lo integran, sino en la calidad de las instituciones que los contienen.

El alcance del control previsto no es menor. Incluye el examen de las rendiciones de cuentas, la fiscalización sobre la recaudación e inversión de los fondos públicos y la revisión de legalidad de los actos vinculados a la hacienda municipal.

Salvo valiosas excepciones, la formación continua de empleados públicos ocupa un lugar marginal dentro de las prioridades de muchos gobiernos locales santafesinos.

Rosario, la única ciudad santafesina incorporada a OGP Local y con un plan de acción vigente, no registra —al menos según los registros públicos disponibles al momento de escribir estas líneas— actividades oficiales vinculadas a la Semana del Gobierno Abierto.

Las recientes investigaciones que involucran al actual Jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, volvieron a poner en el centro del debate público una cuestión que atraviesa a todas las democracias: cómo funcionan los sistemas de integridad pública cuando los cuestionamientos recaen sobre quienes ejercen responsabilidades de gobierno.

Mientras la política siga confundiendo el poder con la propiedad privada, ninguna reforma administrativa alcanzará. La verdadera austeridad no se mide en discursos ni en decretos, sino en la conducta cotidiana de quienes administran el Estado.

En Argentina solemos discutir el sistema electoral desde el lugar equivocado. Hablamos de la lista sábana, del arrastre o del diseño de la boleta, pero rara vez discutimos lo esencial: cuando votamos presidente, en realidad estamos votando un proyecto de país.