Redacción 12noticias.tv
Por momentos, el debate público santafesino parece no dimensionar lo que realmente está en juego.
La reforma de la Constitución provincial en 2025 y la reciente sanción de la Ley N.º 14.436 de Régimen Municipal no son una actualización más del régimen local. Son, en los hechos, el inicio de un proceso de reconstrucción del Estado municipal.
Y reconstruir un Estado no es una tarea menor.
Durante décadas, los municipios funcionaron con esquemas fragmentados, con controles débiles, baja trazabilidad del gasto y mecanismos informales de transición política. Ese modelo —con sus límites— era conocido. El nuevo marco normativo, en cambio, rompe con esa lógica e impone algo distinto: la creación de sistemas.
Sistemas de control externo, con aspiración de independencia real. Sistemas de administración financiera integrados, que ordenen presupuesto, contabilidad y contrataciones. Reglas de integridad y transparencia bajo el principio de máxima divulgación. Acceso a la información como regla y no como excepción. Y, por primera vez, procesos formales de transición de gobierno, con límites explícitos a las decisiones de las gestiones salientes.
No es un ajuste. Es un cambio de escala.
El problema es que ese salto institucional no viene acompañado, necesariamente, de las capacidades para implementarlo. Y ahí aparece un riesgo que suele pasar desapercibido: el de construir mal desde el inicio.
La teoría institucional —y la experiencia comparada— advierten sobre los llamados “falsos cimientos”. Los errores más graves no ocurren cuando el sistema ya está en funcionamiento, sino en el momento en que se lo diseña. Es decir, ahora.
Si esos cimientos se construyen de manera defectuosa, lo que emerge no es un Estado más sólido, sino una institucionalidad aparente. Un órgano de control que existe, pero no controla. Un sistema financiero que formalmente ordena, pero en la práctica oscurece. Una política de transparencia que comunica, pero no abre. Una transición regulada en la norma, pero vacía en su implementación.
Y lo más problemático es que todo eso puede convivir, durante un tiempo, con una apariencia de normalidad.
El municipio funciona. Las decisiones se toman. El gasto se ejecuta. Pero por debajo, las fallas se acumulan. La falta de control efectivo, la baja calidad de la información y la pérdida de trazabilidad van erosionando, de manera silenciosa, la capacidad del Estado local.
Cuando ese proceso se vuelve visible, el problema ya no es puntual. Es estructural.
En ese punto, el municipio deja de depender de reglas y pasa a depender de personas. Funciona si hay buenos funcionarios y se desordena cuando no los hay. Pierde previsibilidad, pierde capacidad de control y, finalmente, pierde confianza. Y recuperar confianza institucional es, probablemente, una de las tareas más difíciles que enfrenta cualquier gobierno.
Por eso, el desafío que hoy tienen los municipios santafesinos es mucho más exigente que cumplir con la Constitución o con la Ley 14.436. Es diseñar bien el Estado local desde el inicio.
Construir capacidades de control reales, no formales. Desarrollar sistemas financieros que ordenen el poder del gasto. Establecer reglas de integridad que limiten la discrecionalidad. Generar mecanismos de información que efectivamente abran el Estado. Y asegurar transiciones de gobierno que garanticen continuidad institucional.
Todo esto en contextos de recursos limitados, presión política constante y, en muchos casos, sin tradición previa en estos campos.
Lo que está en juego, entonces, no es la correcta implementación de una norma. Es algo más profundo: la calidad de los cimientos sobre los cuales se va a sostener el municipio en los próximos años.
Porque si esos cimientos fallan, el problema no será inmediato. Pero cuando aparezca, ya no será un problema de gestión ni de un gobierno en particular.
Será un problema del Estado.
Y en ese terreno, la experiencia es bastante clara: cuando las bases son débiles, el derrumbe no es una posibilidad.
Es, simplemente, una cuestión de tiempo.
