Redacción 12noticias.tv
La política argentina lleva décadas discutiendo lo mismo: dónde termina la vida privada del funcionario y dónde empiezan los recursos del Estado. En un país donde la austeridad suele invocarse como principio de gobierno —especialmente en contextos de crisis—, esa frontera debería ser nítida.
Desde el debate por los nombramientos de familiares en cargos públicos hasta el uso de recursos estatales para fines que exceden la función oficial, la discusión sobre los privilegios en el Estado adopta nuevas formas, pero siempre remite a la misma pregunta de fondo: ¿el poder político administra bienes públicos o dispone de ellos como propios?
Durante décadas, la política argentina —y también la internacional— naturalizó que los altos cargos fueran una extensión del círculo íntimo de quienes gobernaban. La práctica del nepotismo, entendida como la designación de familiares en puestos estatales, no era una excepción, sino, muchas veces, una regla informal del poder.
El Decreto 93/2018, firmado por Mauricio Macri, marcó un intento explícito de frenar esa dinámica. Al prohibir la designación de familiares en el gabinete nacional, el Estado buscó establecer un límite institucional a la discrecionalidad política. La norma fue clara: el mérito y la idoneidad debían estar por encima de los lazos de sangre.
El decreto representó un avance relevante, aunque su carácter reglamentario también evidenció una limitación estructural: al tratarse de una política pública establecida por decreto, podía ser revertida con relativa facilidad, como finalmente ocurrió. Sin embargo, esa medida representó apenas el primer escalón de una discusión más profunda, porque cuando una forma de privilegio se restringe, otras tienden a surgir bajo nuevos formatos.
En los últimos años, el foco de la discusión comenzó a desplazarse desde los despachos políticos hacia las estructuras administrativas de algunos organismos públicos. La decisión del gobierno de Javier Milei de prohibir los llamados “cargos hereditarios” en entidades como la AFIP o el Banco Central puso en evidencia una modalidad distinta de privilegio: cláusulas laborales o acuerdos internos que permitían que ciertos puestos estatales fueran ocupados por familiares de empleados tras su jubilación o fallecimiento.
Aquí el fenómeno adquiere una forma diferente. Del nepotismo familiar se pasa al nepotismo corporativo, donde el privilegio ya no depende del vínculo con un funcionario político, sino de reglas internas que convierten determinados empleos públicos en patrimonios de grupo.
En este caso, el problema no es solamente político, sino también institucional. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece con claridad que la idoneidad es la única condición para el acceso al empleo público. Cuando un cargo se transmite por vínculos familiares o corporativos, ese principio básico de la administración republicana queda inevitablemente erosionado.
Recientemente, el debate volvió a encenderse a partir de episodios vinculados con el uso de recursos estatales para traslados que incluyen a familiares de funcionarios, particularmente en viajes realizados en aeronaves oficiales. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, estas situaciones no constituyen necesariamente nepotismo en sentido formal, ya que no implican designaciones ni nombramientos. Sin embargo, para buena parte de la sociedad, representan una forma distinta de privilegio.
En un país que exige austeridad en cada área del Estado, la utilización de logística pública para fines que exceden la función oficial genera un inevitable cortocircuito entre discurso y práctica. Es decir, la austeridad estatal no se mide solo por el tamaño del gasto público, sino también por el uso responsable de cada recurso que pertenece a los contribuyentes.
Los argumentos que suelen aparecer en estas discusiones —desde que se trata de gastos marginales hasta la necesidad personal de los funcionarios— chocan con una expectativa social cada vez más extendida: que quienes ejercen funciones públicas administren los bienes del Estado con el mismo cuidado con el que deberían administrar recursos ajenos.
La experiencia reciente demuestra que los decretos y las regulaciones son necesarios, pero insuficientes. El nepotismo, en todas sus variantes —desde el nombramiento de un familiar en un ministerio hasta la consolidación de privilegios corporativos o el uso discrecional de recursos públicos— tiene una raíz común: la persistente dificultad de parte de la dirigencia para asumir que el Estado no es un patrimonio personal.
Mientras la política siga confundiendo el poder con la propiedad privada, ninguna reforma administrativa alcanzará. La verdadera austeridad no se mide en discursos ni en decretos, sino en la conducta cotidiana de quienes administran el Estado. Solo cuando esa frontera sea respetada sin excepciones —ni familiares, ni corporativas, ni personales— el principio de idoneidad que consagra la Constitución dejará de ser una aspiración para convertirse en una regla efectiva de gobierno.
