Redacción 12noticias.tv
En la Argentina resulta difícil encontrar políticas públicas que sobrevivan a los cambios de gobierno. Cada gestión modifica estructuras, redefine prioridades y muchas veces comienza desde cero. Sin embargo, existe una excepción silenciosa que acaba de sumar un nuevo capítulo. El pasado 24 de julio, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se presentó el Tercer Consenso en Administración Pública, una iniciativa que, desde hace siete años, reúne a especialistas, académicos, funcionarios y exfuncionarios de distintas procedencias para debatir cómo construir un Estado más profesional.
No es un dato menor. En un escenario político donde los consensos suelen durar menos que un mandato, este constituye el tercer documento consecutivo que mantiene una misma preocupación: fortalecer las capacidades del Estado a través de una función pública basada en el mérito, la idoneidad y la profesionalización.
Todo comenzó en 2019. En aquel momento, un grupo de reconocidos especialistas de la administración pública impulsó el primer consenso con una premisa tan sencilla como vigente: el verdadero debate sobre el Estado no debía centrarse únicamente en su tamaño o en la cantidad de empleados públicos, sino en la calidad de su administración. El documento proponía consolidar un servicio civil profesional mediante concursos abiertos, carreras administrativas basadas en el mérito, capacitación permanente, planificación estratégica del empleo público y la institucionalización de una alta dirección pública profesional, capaz de garantizar continuidad más allá de los cambios de gobierno.
Cuatro años después llegó el Segundo Consenso Federal por una Gestión Pública Profesional. Sin abandonar aquellos principios, incorporó nuevos desafíos derivados de la revolución tecnológica. La inteligencia artificial, la automatización, la digitalización y el uso intensivo de datos ya no eran cuestiones del futuro, sino herramientas que exigían nuevas capacidades estatales. Al mismo tiempo, el documento advertía que reducir la discusión sobre el Estado a la cantidad de ministerios o de empleados públicos impedía abordar el verdadero problema: cómo lograr administraciones más eficaces, innovadoras y preparadas para responder a una sociedad cada vez más compleja.
El Tercer Consenso aparece ahora como la continuidad natural de ese camino. Su sola existencia constituye un hecho institucional relevante. Mientras los gobiernos cambian y las prioridades políticas se reconfiguran, una comunidad de especialistas ha logrado sostener durante siete años una agenda común sobre la profesionalización del Estado.
Esa persistencia deja una enseñanza importante. La profesionalización de la administración pública ya no parece ser una discusión exclusivamente académica. Existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de fortalecer el mérito, la capacitación, la estabilidad institucional, la dirección pública profesional y las capacidades estatales para afrontar desafíos cada vez más complejos. Lo que todavía falta es transformar ese diagnóstico en reformas sostenidas.
La experiencia internacional demuestra que los países con mejores administraciones públicas no son necesariamente aquellos que tienen Estados más grandes o más pequeños. Son aquellos que cuentan con instituciones capaces de preservar el conocimiento, seleccionar a sus funcionarios por idoneidad, formar a sus equipos y sostener políticas públicas más allá de las alternancias políticas.
La profesionalización del Estado no reemplaza a la política. La potencia. Los gobiernos son elegidos para definir prioridades y conducir el rumbo del país, pero necesitan administraciones preparadas para convertir esas decisiones en resultados concretos. Sin capacidades técnicas, memoria institucional y funcionarios profesionales, incluso las mejores decisiones políticas encuentran enormes dificultades para implementarse.
Quizás ese sea el principal aporte del Tercer Consenso. Recordar que el futuro del Estado argentino no depende únicamente de quién gobierne, sino también de la calidad de las instituciones que sostienen la gestión pública.
Después de tres consensos consecutivos, la pregunta ya no parece ser si la Argentina necesita profesionalizar su administración pública. Sobre ese punto existe un acuerdo cada vez más amplio entre quienes estudian, enseñan y gestionan el Estado.
La verdadera pregunta es otra: ¿cuándo esa coincidencia dejará de ser un consenso entre especialistas para convertirse, finalmente, en una política de Estado?
