Redacción 12noticias.tv
La modernización del Estado no puede excluir a la Justicia. Profesionalizar la conducción de los tribunales mediante perfiles por competencias, formación directiva y criterios objetivos de selección es un desafío institucional que exige preservar la independencia judicial.
La gestión pública profesional no debería detenerse en la puerta del Poder Judicial. La Justicia también administra recursos, conduce equipos y organiza instituciones complejas. Por eso, además de formación jurídica, necesita capacidades para planificar, gestionar personas y mejorar sus procesos de trabajo.
Para comprender este desafío, es necesario distinguir dos funciones. La jurisdicción consiste en interpretar y aplicar el derecho para resolver casos; la gestión, en organizar los recursos, los equipos y los procedimientos que hacen posible esa tarea. Ambas son necesarias, pero no deben confundirse: las competencias para conducir un tribunal son distintas de las que se requieren para resolver una causa.
La investigación internacional viene prestando atención a esta diferencia. Un estudio publicado en 2024 en la Revista Direito GV, sobre un juzgado brasileño, identificó la gestión de personas y procesos, la comunicación y la visión sistémica entre las competencias relevantes para la conducción judicial. Por su parte, un análisis comparado de 2023 sobre la formación de presidentes de tribunales en Europa señaló que los cursos eran generalmente breves y que existía una vinculación limitada entre capacitación y designación.
Aunque la evidencia todavía es acotada, estos trabajos muestran la importancia de desarrollar capacidades específicas para asumir responsabilidades directivas dentro de la Justicia.
La experiencia de la Alta Dirección Pública (ADP) ofrece herramientas para avanzar: perfiles de competencias, procedimientos de selección con criterios objetivos, formación específica y evaluación del desempeño. Adaptadas al ámbito judicial, permitirían definir qué capacidades requiere la conducción de un tribunal y cómo desarrollarlas y evaluarlas.
Esa adaptación debe respetar un límite fundamental. La evaluación puede considerar la planificación, la coordinación de equipos, la administración de recursos y la mejora de los procesos. Nunca debe utilizarse para condicionar el sentido de las sentencias, presionar a los magistrados o comprometer las garantías procesales. Medir únicamente la cantidad de expedientes resueltos tampoco refleja, por sí solo, la calidad del servicio.
La independencia judicial protege la decisión jurisdiccional; la profesionalización de la gestión mejora las condiciones institucionales en las que esa decisión se produce.
Profesionalizar la conducción judicial no significa subordinar a los jueces ni trasladar mecánicamente modelos administrativos. Significa reconocer que dirigir una organización pública requiere competencias específicas y que su desarrollo debe formar parte de una política institucional, con criterios transparentes y garantías que impidan cualquier interferencia sobre la función jurisdiccional.
La modernización del Estado queda incompleta si se limita al Poder Ejecutivo. La gestión pública profesional también tiene que llegar al Poder Judicial, para fortalecer su capacidad institucional sin afectar la independencia que constituye una garantía esencial del Estado de derecho.
