Redacción 12noticias.tv
FUNES.— Para quienes examinan la dinámica del poder territorial en el Gran Rosario, la jornada vivida este martes en el Palacio Municipal de Funes ofreció un síntoma elocuente sobre el agotamiento de las prácticas sindicales tradicionales. La escena combinó todos los ingredientes del libreto habitual: colectivos contratados, banderas de FESTRAM y de la CGT, y una batucada traída desde la cabecera departamental con la manifiesta intención de escenificar una demostración de fuerza. Sin embargo, la estrategia tropezó con un límite inesperado dentro del propio edificio: los empleados municipales están con el Intendente.
El diseño de la protesta, impulsado por la dirigencia que encabeza Romina Michaut, buscaba proyectar la imagen de un municipio paralizado y una plantilla de trabajadores alienada de la gestión. La realidad de la jornada, sin embargo, desarticuló ese relato. En las oficinas de atención al público, en los centros de salud y en las cuadrillas de servicios esenciales, el personal permaneció en sus puestos. La respuesta no provino de un choque verbal, sino de la constancia en el puesto de trabajo: mientras afuera retumbaba el bombo traído de afuera, adentro se siguió atendiendo al vecino por su nombre.
El episodio dejó al descubierto una fractura estructural entre la conducción y las bases. En el intento de trasplantar a Funes la lógica de la confrontación metropolitana, la cúpula sindical evidenció una desconexión total con la realidad del trabajador cotidiano. Para el empleado municipal, la estabilidad, la dignidad salarial y la previsibilidad responden al funcionamiento constante de la gestión local, no a las agendas personales o electorales de una dirigencia divorciada de la comunidad.
La escena expuso el corazón de la crisis de representatividad que afecta a buena parte de las estructuras gremiales tradicionales: dirigentes que hablan en nombre de un colectivo al que ya no conducen ni interpretan. En los pasillos municipales, la lectura fue categórica: la movilización no se percibió como un reclamo laboral genuino, sino como una sobreactuación en clave de interna provincial. Un cálculo político que terminó por desgastar, de manera casi irreversible, la autoridad moral del gremio ante los propios trabajadores.
Este distanciamiento entre la plantilla y la conducción de ASOEM no solo se explica por el alineamiento con la gestión de Roly Santacroce, sino también por una acumulación de opacidades que erosionaron la confianza en el sindicato. Mientras la cúpula buscaba montar una demostración de poder en la calle, en las oficinas ganaban terreno interrogantes que la dirigencia evita responder:
La incógnita financiera: Persiste la falta de transparencia sobre el destino de los 240 millones de pesos administrados por la cúpula gremial en lo que va del año.
La quita de coberturas: Causa desconcierto e indignación entre los afiliados la intempestiva suspensión de los servicios de seguro de vida y sepelio, resuelta por la dirigencia en la antesala de perder el cobro de la cuota por recibo de sueldo.
El saldo de la jornada excede la coyuntura local. Funes —una trama urbana consolidada sobre la base de la previsibilidad y la autonomía institucional— volvió a fijar un límite al desembarco de la política corporativa del Gran Rosario. Al elegir la continuidad del servicio sobre el dictado de la cúpula sindical, los trabajadores municipales de Funes enviaron una señal contundente: respaldaron la gestión del Intendente y ratificaron que los dirigentes ya no representan automáticamente a las bases cuando priorizan el interés político sobre el trabajo diario.
