Redacción 12noticias.tv
Hace unos días, vi una entrevista de Rosendo Grobo a Martín Rossi, quien planteó una discusión necesaria sobre los salarios de los funcionarios públicos. Su argumento es atendible: si el Estado paga mal, pierde capacidad para atraer y retener profesionales con experiencia. La remuneración importa, especialmente cuando las responsabilidades públicas exigen talento y el sector privado ofrece condiciones más competitivas.
No hay dudas de que la designación política es legítima en democracia. Quienes ganan una elección tienen derecho a conducir la Administración y elegir colaboradores de confianza. Pero esa legitimidad no debería convertirse en una excusa para prescindir de la preparación que exige la función pública.
El problema no es que los partidos designen a sus propios dirigentes, sino que, con demasiada frecuencia, no les exigen formarse para asumir responsabilidades de gobierno. La militancia, la lealtad y la cercanía política pueden ser legítimas para integrar un equipo, pero no garantizan los conocimientos necesarios para gestionar presupuestos, conducir equipos o diseñar políticas públicas.
Formar cuadros para competir electoralmente también implica prepararlos para gobernar. Si no existen exigencias de formación, criterios claros para cubrir puestos de responsabilidad y evaluaciones de desempeño, pagar mejores salarios, como propone Rossi, no garantiza una mejor gestión. La remuneración debe ser acorde con las responsabilidades, pero también debe formar parte de una política que valore las capacidades y los resultados.
Hay una contradicción que merece señalarse: si no exigimos preparación a quienes conducen políticamente la Administración, ¿con qué autoridad podemos reclamar la profesionalización del resto del Estado?
No se trata de cuestionar la facultad de los gobiernos para elegir a sus colaboradores ni de reducir estructuras sin evaluar sus funciones. Se trata de identificar qué capacidades necesita la Administración y exigir que quienes ocupan puestos estratégicos estén preparados para ejercerlos.
Los partidos tienen una responsabilidad que va más allá de ganar elecciones: deben formar a sus dirigentes para gobernar. Pagar mejor es necesario, pero exigir más preparación también. Una política que reclama esfuerzos a la sociedad y habla de meritocracia, pero no exige a sus propios cuadros las herramientas necesarias para administrar los recursos públicos, confunde lealtad partidaria con capacidad de gobierno.
La calidad del Estado empieza mucho antes de una designación: empieza cuando la política decide qué preparación exige a quienes aspiran a ejercer el poder.
