El fin de Adorni, ¿y el fin de la corrupción?

La salida de Manuel Adorni del Gobierno reavivó el debate político de siempre. Se discute quién lo reemplazará (hasta el momento de redaccion de este articulo), cómo impactará en la estrategia oficial y qué consecuencias tendrá para la gestión. Pero hay una pregunta mucho más importante: ¿qué nos dice este episodio sobre la calidad de nuestras instituciones?

La respuesta, por supuesto, es que el fin de un funcionario no significa el fin de la corrupción. Y justamente ahí está el problema.

En Argentina seguimos creyendo que la corrupción es, ante todo, un problema de personas. Que alcanza con reemplazar a los funcionarios deshonestos por otros honestos. Todos los gobiernos, de un signo u otro, llegaron prometiendo terminar con la corrupción de sus antecesores. Sin embargo, el fenómeno persiste.

¿Por qué?

Porque las personas cambian, pero el sistema permanece.

El verdadero problema no es que existan personas corruptas. Personas dispuestas a abusar del poder existen en cualquier sociedad y existirán siempre. La diferencia entre un Estado íntegro y uno vulnerable no está en la calidad moral de quienes lo integran, sino en la calidad de las instituciones que los contienen.

La corrupción no prospera simplemente porque haya individuos deshonestos. Prospera cuando el sistema ofrece discrecionalidad, opacidad, controles débiles y escasas consecuencias para quienes incumplen las reglas. En esos casos, la corrupción deja de ser una excepción para convertirse en un resultado previsible.

Por eso, el principal desafío no es solamente sancionar la corrupción cuando aparece. Es diseñar un Estado donde las oportunidades para que ocurra sean cada vez menores.

Y esa es, precisamente, una responsabilidad de la política. No porque toda la política sea corrupta, sino porque toda arquitectura institucional es una decisión política. Son los gobiernos y las legislaturas quienes crean organismos, distribuyen competencias, diseñan controles, establecen incentivos y definen las reglas con las que funciona el Estado.

Cuando ese diseño institucional es deficiente, el problema deja de ser individual para transformarse en sistémico.

Por eso el caso Adorni resulta interesante más allá de cualquier valoración sobre su gestión. La pregunta relevante no es quién ocupará su lugar. La verdadera pregunta es si la estructura que deja atrás seguirá funcionando con la misma eficacia.

Si la salida de un funcionario altera el funcionamiento de un área, el problema no es la persona que se fue. El problema es haber construido organizaciones que dependen de personas y no de instituciones.

En Argentina seguimos discutiendo nombres cuando deberíamos discutir sistemas. Esperamos que el próximo funcionario resuelva problemas que, en realidad, son consecuencia de un diseño institucional deficiente.

Porque el fin de un funcionario nunca será el fin de la corrupción.

La corrupción empezará a retroceder cuando dejemos de buscar salvadores y empecemos a construir instituciones que funcionen correctamente, gobierne quien gobierne.