El problema no es la IA, es un Estado que no sabe usarla

En el último año se instaló una certeza casi incuestionable: la Inteligencia Artificial va a reconfigurar el empleo y la gestión pública. Gobiernos de todos los niveles repiten el mismo mensaje hacia el sector privado: adaptarse o quedar afuera. Capacitarse, innovar, reconvertirse.

El problema aparece cuando ese discurso se refleja en el propio Estado. Porque el mismo aparato público que exige agilidad y modernización suele administrar sus recursos humanos con lógicas, estructuras y competencias diseñadas para otro siglo. La IA es presentada como el nuevo motor de la administración, pero se omite una condición básica: sin capacidades estatales reales, ese motor no funciona. Y en el sector público, cuando falla, no hay solo ineficiencia. Hay derechos en juego.

Esta es la paradoja del “Estado pedagogo”. Se le pide al mercado lo que no siempre se está dispuesto a hacer puertas adentro.

La contradicción es particularmente visible a nivel local. Un funcionario municipal no gestiona productos ni clientes: gestiona datos de identidad, salud, asistencia social, impuestos, habilitaciones y sanciones. En el sector privado, un error algorítmico puede costar dinero. En el sector público, un sesgo, una mala decisión automatizada o una filtración de datos puede traducirse en discriminación, arbitrariedad o vulneración de derechos ciudadanos.

Por eso, hablar de IA en el Estado como si fuera solo una herramienta de eficiencia es una simplificación peligrosa. No alcanza con comprar software ni con anunciar cursos rápidos de moda. La incorporación de inteligencia artificial exige algo más incómodo: una reforma profunda de las capacidades del empleo público, con reglas claras de formación, responsabilidad y control.

Aquí aparece otra tentación recurrente. Creer que se puede “promptear” sin saber leer el Estado. Lanzar capacitaciones en herramientas generativas o prompt engineering sin que los equipos dominen lo básico. La experiencia comparada y la Guía Iberoamericana de Competencias Laborales del CLAD son claras: antes de la IA, hay que construir cimientos, de los cuales al menos tres son ineludibles:

Cultura de datos, para entender que sin información de calidad no hay algoritmo que funcione,

Ética y fe pública, porque la IA no tiene moral ni responsabilidad jurídica: la tiene el funcionario,

Y pensamiento crítico, porque en el Estado la responsabilidad administrativa es indelegable y ninguna decisión automatizada puede reemplazar el juicio humano.

Sin estos pilares, la IA no moderniza al Estado: lo vuelve más opaco y más riesgoso.

El desafío es aún mayor en provincias como Santa Fe, donde la ampliación de la autonomía municipal abre una oportunidad histórica. Más competencias locales pueden ser sinónimo de mejor gestión, pero también de más errores si no se acompañan de profesionalización. Como suele señalarse en ámbitos del CLAD, buena parte del Estado latinoamericano actúa como un “médico forense”: interviene cuando el problema ya explotó.

La IA ofrece la posibilidad de otra cosa. Un Estado local anticipatorio, capaz de detectar deserción escolar antes de que ocurra, prevenir siniestros viales o asignar mejor los recursos sociales. Pero eso solo es posible si detrás de los sistemas hay empleados públicos formados en procesos, datos y gobernanza.

Capacitar en IA cuando “todos hablan de IA” no debería ser un gesto de moda ni un reflejo del sector privado. Debería ser una decisión política de soberanía estatal. El Estado no puede exigir hacia afuera lo que no es capaz de construir hacia adentro. 

Dr. Gonzalo Macco 

Presidente Instituto de Gestión Pública de @colabro.org.ar
Abogado
Mg. Gestión Pública
MSc in Public Management