Vemos con profunda preocupación los hechos de violencia y represión acaecidos en nuestro país los días jueves 14 y lunes 18 del corriente mes.
Como hermanos cobijados en un mismo pabellón nacional rechazamos cualquier tipo de violencia, desalentamos a aquellos que consideran que ese es el camino y proponemos un espectro donde la búsqueda del consenso sea a través del diálogo y el respeto.
Consideramos que el gobierno nacional equivoca el rumbo de sus políticas económicas y sociales. Defendemos la democracia entendiendo que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, pero no convalidaremos nunca una ley que atropella los derechos de los jubilados, pensionados, beneficiarios de las AUH, madres de 7 hijos y de los excombatientes de Malvinas.
Nada que quite poder adquisitivo a la población más vulnerable puede ser positivo. La caída en los ingresos de la población más necesitada repercute directamente en el mercado interno que viene en franco descenso golpeando las economías regionales y los emprendedores sociales.
Estas medidas que ya han fracasado en el pasado son tomadas por un gobierno neoliberal que sigue al pie de la letra las recetas del FMI defendiendo intereses corporativos que siempre van en detrimento de los que más necesitan. Se beneficia a las empresas mineras y cerealeras mientras se les mete la mano en el bolsillo a los jubilados, “débil con los fuertes y fuerte con los débiles”. Los números deben cerrar con la gente adentro.
Expresamos nuestro repudio a la concepción del proyecto, a su tratamiento, a su aprobación y por su puesto a su ejecución.
La población activa que hasta ayer tenía la edad para acceder al beneficio social, hoy tendrá la obligación de seguir trabajando dada la diferencia de la tasa de sustitución entre el sueldo como activo y la remuneración como pasivo. Una tasa de sustitución que sufrirá una merma del orden de los 20 puntos, pasando del 60 por ciento al 40 % del salario vital y móvil. Esta permanencia de más años en el circuito laboral activo impedirá el acceso de jóvenes a su primer empleo, fomentando la desocupación y la precarización laboral.
Salario como precio o costo, y trabajo como mercancía, son los pilares en los que se sustenta este proyecto neoliberal saqueador de derechos sociales, laborales y políticos. Luchemos porque los derechos civiles y sociales hoy avasallados no se conviertan en variables de “mercado”, ámbito donde solo gana el más fuerte y poderoso.
Como lo expresara el compañero Agustín Rossi, esto no es el fin, aquí comienza la resistencia pacífica a políticas económicas que generan pobreza y desocupación. Queremos un país equitativo, inclusivo y solidario.
Aprovechando la proximidad de las fiestas auguramos un escenario de paz, tolerancia y cordialidad entre todos los argentinos.
SUSANA MANGIATERRA
DIEGO HUGO GARAVANO
