El concejal radical de Juntos por el Cambio, Martín Rosúa, con el acompañamiento de sus compañeros de Interbloque, presentó un proyecto de Ordenanza para la creación de la “Agencia de Investigación y Colaboración contra el lavado de Activos” en el ámbito de la Municipalidad de Rosario, con personal profesional que formen parte de la planta de recursos humanos del Municipio y que pretenda sumarse con capacitación a esta nueva área, y que articule y alerte con organismos nacionales y provinciales, financieros, impositivos y judiciales, el movimiento de capitales que puedan resultar de operaciones ilícitas.
“A través de esta iniciativa lo que buscamos es tomar el rol activo que la sociedad nos demanda en este momento de crisis, como lo han demostrado las excéntricas inversiones de las bandas narco en la ciudad y la región, descubiertas en recientes pesquisas judiciales”.
“La Municipalidad de Rosario no puede estar ajena a la problemática más grave que la afecta. No puede resignarse a esperar respuestas por parte de la Provincia o Nación o descansar en nuestro sueño eterno de autonomía, para combatir a las organizaciones criminales. Tenemos que ser creativos y utilizar las herramientas que tenemos a mano para meternos de lleno en esta pelea”, explicó el concejal de JxC, Martín Rosúa, sobre su proyecto para la creación de la “Agencia de Investigación y Colaboración contra el Lavado de Activos”.
Rosúa insiste que en una Rosario que vive rehén de la violencia y la inseguridad dictada por las organizaciones narco criminales que tienen en jaque a la vida y la paz de cada uno de los ciudadanos, es de suma importancia que el gobierno municipal “abandone su papel de reparto” y adquiera un papel activo en la búsqueda de soluciones concretas a la problemática.
El referente de la UCR – JXC detalló que el proyecto que presentó ante el Concejo Municipal y que resulta del trabajo conjunto del interbloque de Juntos por el Cambio, tiene como objetivo articular a un nuevo equipo conformado por abogados, contadores y especialistas en informática y analisis de datos, que ya forman parte de la planta de la Municipalidad, con otras entidades como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF), Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), Registros de Aeronaves y de Embarcaciones, Registro General de la Propiedad, y entidades nacionales e internacionales, para cruzar información que permita detectar personas con situaciones de incongruencia entre los bienes que poseen y la actividad económica declarada.
El concejal explicó que “atacar los negocios y el lavado de activos que surge del accionar del crimen organizado, como la venta de estupefacientes, sicariato, extorsiones y usurpaciones, es una de las herramientas que más ha dado resultado a nivel internacional en la lucha contra el delito, y este proyecto va en esa dirección”.
“La ciudad de Rosario no puede seguir de brazos cruzados ante una situación tan grave. Por eso, nuestra propuesta es la creación de una Agencia que no supone ningún costo ni ampliación de la estructura del Estado Municipal, sino que, por el contrario, busca eficientizar su accionar, capacitando a recursos humanos que ya forman parte de la planta estable del municipio, para que puedan detectar, a través del entrecruzamiento de datos públicos, estas situaciones de incongruencias y elevar informes en forma de denuncia al Ministerio Público de la Acusación y/o Ministerio Público Fiscal de la Nación, según corresponda”.
A través del accionar de esta nueva agencia, Rosúa asegura que la Municipalidad, por contar con personal idóneo y por su conocimiento del territorio, podrá aportar al Poder Judicial datos relevantes para la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos en la ciudad. “La Municipalidad tiene una posición estratégica y de privilegio para aportar esta clase de datos. Conocer el territorio, tener trabajadores sociales en cada barrio, conocer las problemáticas de cada zona, llevar un registro de comercios, obras y estar en contacto diario con la gente, es un diferencial que debemos poner a disposición de la lucha contra el crimen organizado, una herramienta que sólo nosotros tenemos y que supera, en muchos casos, cualquier esfuerzo de la justicia provincial o federal al respecto”, agregó.
Además, el proyecto detalla que la “Agencia de Investigación y Colaboración contra el lavado de Activos” también podrá brindar asesoramiento, asistencia en la tramitación de distintos requerimientos judiciales, solicitar informes, documentos y antecedentes, tanto a organismos públicos, personas jurídicas de derecho privado y personas humanas, producir informes de auditorías y recibir denuncias y crear registros de todas las causas judiciales en las que la Agencia haya sido requerida para su actuación, entre otras potestades.
