Líder piquetero, empleado del Estado, acusado de extorsión con planes sociales

Líder piquetero, empleado del Estado, acusado de extorsión con planes sociales

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Jeremías Cantero, reconocido líder del Polo Obrero, se encuentra en el centro de la atención judicial debido a las revelaciones surgidas en una investigación por presunta extorsión vinculada al manejo de planes sociales.

Jeremías Cantero, reconocido líder del Polo Obrero, se encuentra en el centro de la atención judicial debido a las revelaciones surgidas en una investigación por presunta extorsión vinculada al manejo de planes sociales.

El activista, quien representaba al mencionado movimiento, se desempeñó simultáneamente como empleado del Ministerio de Desarrollo Social, hoy renombrado como Capital Humano, durante el período comprendido entre marzo de 2020 y abril de 2024.

Durante su cargo en la mencionada cartera ministerial, Cantero ocupó una posición en el nivel E, desempeñando labores administrativas de apoyo en la secretaría de Economía. Su responsabilidad incluía la suscripción de convenios con las Unidades de Gestión para la asignación de subsidios y/o créditos otorgados por el Estado Nacional.

Sin embargo, su trayectoria ha sido empañada por su implicación como uno de los 27 imputados en la investigación liderada por el fiscal Pollicita. En este contexto, el juez Sebastián Casanello deberá determinar si procede a citarlo para prestar declaración indagatoria.

La situación se torna aún más compleja para Cantero, ya que su teléfono móvil ha sido secuestrado por las autoridades judiciales y será sometido a peritaje por orden del fiscal Pollicita, quien ha estado al frente de la pesquisa durante los últimos cuatro meses. Además, la Justicia ha iniciado el análisis de escuchas telefónicas obtenidas tras la intervención de su dispositivo.

El caso de Jeremías Cantero representa un claro ejemplo de las implicancias legales que pueden surgir cuando se entrelazan actividades de militancia social con funciones gubernamentales, generando interrogantes sobre posibles conflictos de interés y prácticas irregulares en el manejo de recursos públicos destinados a programas sociales.

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