El jefe del bloque de diputados provinciales del socialismo, Rubén Galassi, presentó un proyecto de ley, por el cual se propone autorizar al “Poder Ejecutivo Provincial a iniciar y desplegar todas las gestiones, acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la participación de la provincia en el capital accionario del Nuevo Banco de Santa Fe SA, así como su integración en el Directorio y/o Sindicatura de la entidad bancaria”.
El legislador expresó que la medida “apunta a que el Estado provincial pueda tener participación en una entidad financiera que promueva la producción, asista a empresas, y ayude a modificar la matriz productiva. Son muchas las políticas que se pueden encarar estando sentados en una misma mesa”.
“Están dadas las condiciones para que la provincia pueda volver a tener injerencia en las decisiones del Banco, pensando en fomentar créditos a pequeños productores y pymes, y por qué no líneas hipotecarias, que otros bancos están lanzando”, señaló Galassi al fundamentar el proyecto, que también contempla que “el Poder Ejecutivo informará periódicamente a las Cámaras Legislativas acerca del avance de las medidas, acciones y/o gestiones que se desarrollen”.
“Desde hace unos 20 años -cuando se avanzó con la privatización del banco-, Santa Fe se privó de una herramienta clave para el desarrollo económico y social de la provincia: el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo, la generación de empleo, la posibilidad de tener una provincia integrada en todos los aspectos”, señaló Galassi.
Reseña de la privatización
Cabe recordar que Santa Fe fue de las primeras provincias en desprenderse de su herramienta financiera, en el marco de los procesos de privatización y liquidación de entidades públicas en la década del ’90.
Sin embargo, a pesar de haberse instalado un paradigma de crecimiento económico que despreciaba lo público, la moda de las privatizaciones no fue adoptada de manera automática por todas las provincias ni por todos los organismos gubernamentales. Con particular intensidad en el sector de la banca pública, hubo provincias y municipios que resistieron y mantuvieron sus entidades financieras dentro la órbita estatal: la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la municipalidad de Rosario, entre otros.
Luego de un proceso que arrancó a fines de los años 70 y que involucró durante años acciones de “vaciamiento” del capital del banco, ”desacreditación social de sus trabajadores, aprobación de operaciones financieras de dudosa confiabilidad, entre otras maniobras”, se aprobó el 7 de marzo de 1996 la ley de privatización, en una jornada signada por la represión a los trabajadores que se movilizaron frente a la Legislatura provincial oponiéndose a esta medida. Finalmente, en el año 1998 se concretó la venta del Banco Provincial de Santa Fe al capital privado.
“Se vuelve imprescindible iniciar un camino de reversión del proceso, evaluando las posibilidades de que el Estado provincial vuelva a participar del capital accionario del actual Nuevo Banco de Santa Fe”, concluyó el diputado socialista Rubén Galassi.-