Los valores de referencia han sido eliminados tras 22 años de regulación, en el marco de las políticas de desregulación impulsadas por Milei. Esto ha dejado a los precios de la yerba mate, uno de los productos más consumidos por los argentinos, desregulados desde este lunes.
Los consumidores están preocupados por lo que pueda ocurrir en los precios de góndola.
Por primera vez en dos décadas, los productores yerbateros inician la cosecha gruesa sin un precio sostén para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin molienda).
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ha quedado debilitado por el DNU que desreguló parte de la economía.
Aunque la desregulación no debería impactar en los precios de góndola en el corto plazo, según dicen los especialistas. Esto se debe a que el valor del paquete a la salida del molino ya ha sido ajustado debido a la fuerte devaluación de diciembre pasado. Tampoco ha habido un aumento significativo en lo que se paga por la hoja verde.
“Con el valor que tiene la yerba en el mercado, los industriales podrían pagar los 500 pesos que demandan los productores sin necesidad de aumentar el precio del paquete”, afirmó un referente de los yerbateros.
La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, también ha intentado calmar las preocupaciones. “No creo en absoluto que los precios se vayan a disparar”, dijo. Según ella, en el mercado yerbatero hay un precio estable y la actividad ha estado funcionando bien en los últimos tiempos.
Además, Gabur desestimó la importancia de los precios fijados por el INYM, afirmando que siempre son el mínimo que se puede pagar y que en realidad los industriales pueden pagar lo que quieran por encima de ese valor.
En diciembre pasado, el presidente Javier Milei firmó el decreto 70/2023 que eliminó la facultad del INYM para fijar los valores de referencia, dejando en una situación de incertidumbre a más de 10,000 pequeños productores de Misiones.
Esta situación ha generado tensiones entre los productores y los representantes de la industria y Corrientes, quienes discrepan sobre si se debería remitir el caso a la Secretaría de Agricultura para un laudo.
El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo, ha aclarado que el decreto solo entraría en vigencia con la reglamentación correspondiente, aunque los industriales y Corrientes parecen desconocer esta información.
