La Cámara Federal porteña puso a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al borde de otro juicio oral y público, esta vez por el presunto delito de “peculado” por la utilización de aviones de la flota presidencial para trasladar muebles para los hoteles familiares en El Calafate.
Por unanimidad, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens calificaron la conducta de la vicepresidenta como utilización “en provecho propio un servicio pagado por la administración pública”.
El camarista Llorens, incluso, propuso que la confirmación del procesamiento fuera notificada al Senado para que avanzara con el desafuero de Cristina Kirchner con miras a una eventual detención, invocando los tratados internacionales de combate contra la corrupción.
La Cámara convalidó todo lo actuado anteriormente y volvió a pronunciarse sobre un caso en el que ya había intervenido, pero que había sido parcialmente revertido por la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país- por omisiones de procedimiento.
La nueva confirmación del procesamiento deja a la vicepresidenta encaminada a un nuevo juicio oral y público, en el que podría ser condenada a penas de hasta diez años de prisión.
La resolución indica que “tanto ella, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”.
