El proyecto lo presentó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, quien argumentó: “destruir el patrimonio público es un delito y los delincuentes no deben ser premiados”. Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley para “prohibir el cobro de asignaciones, subsidios o planes sociales a los destructores del patrimonio público”.
“Dañar el patrimonio público es un delito que tiene una pena de 3 meses a 4 años de prisión; y el que incurra en él un delincuente que no debería ser premiado. El Estado está para hacer cumplir la ley y proteger a los argentinos”, manifestó Chumpitaz.
“Llegó la hora de frenar los atropellos, proteger nuestras instituciones e imprimir un marco de rigurosidad inflexible ante lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo legal y lo ilegal”, sostuvo el especialista en seguridad y agregó: “lo mismo sucede con violadores, asesinos y otros delincuentes. Es un contrasentido que el Estado permanezca otorgando dinero a quienes atentan contra la paz social”.
El pasado jueves, los alrededores del Congreso Nacional volvieron a presenciar incidentes violentos. Esta vez entre efectivos de la policía y los manifestantes de agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales que durante su manifestación provocaron serios daños a la fachada del parlamento, lanzaron bombas molotov y atacaron las oficinas del Senado.
Al respecto, el diputado de Juntos por el Cambio explicó: “tienen el derecho constitucional de manifestarse, pero no de agredir, violentar, dañar el mobiliario público e intentar asesinar a los efectivos de la policía, como hicieron al lanzarles bombas molotov. Esas son prácticas delictivas y exigimos que a los protagonistas se les suspenda todo tipo de beneficio social entregado por el Estado de forma inmediata y por el lapso que dure su condena y hagan efectivo el pago de las correspondientes multas”.
Para finalizar Chumpitaz manifestó conocer que encontrará diversas dificultades a la hora de avanzar con su proyecto pero que: “no bajará los brazos ni sucumbirá ante el dedo acusador de algunos sectores kirchneristas que en 2017 alentaban a los violentos y hoy los repudian. La ley no es ley solo cuando me conviene. Hacerla respetar es mi compromiso”.
