En el Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin firmó un decreto a través del cual designó a María Paula Bruera como jefa de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo.
Junto a funcionarios municipales, autoridades del Poder Judicial, concejales, concejalas, asociaciones civiles y colegios de profesionales, el intendente señaló que es un paso significativo para consolidar la solidez de la normativa.
“Tuvo un consenso muy amplio, con un trabajo de muchos años, de muchos bloques. Es muy importante entender que Rosario es pionera en esta legislación, y no es pionera una gestión, sino que la ciudad, porque no hay otra ciudad en todo el país que haya discutido en su cuerpo legislativo, ni con su Ejecutivo, una iniciativa local y que permite un trabajo más intenso con el Ministerio Público de la Acusación, que tiene en el flagelo del lavado de activos la contracara del fenómeno de violencia diario que Rosario padece”, mencionó.
En agosto se promulgó la ordenanza, que otorgaba un plazo para establecer una primera etapa organizativa en la cual el intendente, por decreto, debía asignar la persona titular y en función de eso, poner en marcha la ordenanza en un plazo de 180 días para cumplimentar el período organizativo.
“Tratamos de hacerlo lo más rápido posible. En este sentido, desde su promulgación se comenzó la adaptación de los sistemas y los circuitos de los trámites para tener la posibilidad de pedir la documentación adicional necesaria”, detalló Javkin. Además, se iniciaron las capacitaciones a los equipos que van a aplicar la ordenanza e interactuar con la agencia y se desarrolló la estructura administrativa de la agencia.
La Agencia posee como principales funciones la de generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.
La Agencia trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.
En el momento de la designación, Javkin destacó el trabajo de la abogada que posee en el derecho penal y la criminología. “Se ha especializado a través de la Procuración del Tesoro en lavados de activos, además ha participado del trabajo legislativo. Creo que son todas cuestiones prioritarias en esta tarea. Es una oficina que se crea en un acuerdo que ratifica toda la ciudad. Paula seleccionará su equipo en el transcurso de la próxima semana, tal cual los requisitos de la ordenanza. Además, Paula ha hecho un trabajo en un área clave que es la de concesiones a nivel municipal”, dijo el intendente.
Por su parte, la jefa de la Agencia, María Paula Bruera, señaló: “Estoy muy contenta del trabajo de los concejales, el Ejecutivo, los conozco y sé del trabajo que realizaron en la Comisión de Gobierno, para una construcción colectiva de esta ordenanza. Esta ordenanza es muy importante para poder hacer frente a los desafíos que reciben los gobiernos locales para frenar las situaciones que perjudican a los vecinos de la ciudad. Estamos trabajando en cada repartición, cuál es la documentación establecida, que ya se está pidiendo, se están desarrollando algunos procedimientos, también las capacitaciones de las reparticiones para enfrentar de manera más fuerte este trabajo que ya realizaban. La agencia también los apoyará en todas las dudas que tengan”.
Y agregó: “Debemos apoyar a los vecinos que hacen las cosas bien y no perjudicarlos con requisitos innecesarios, y al que hace las cosas mal, dificultar la tarea y que desista de lavar activos de manera ilícita en esta ciudad”.
La autoridad de aplicación estará compuesta por una “Unidad de Control” integrada a su vez por otros profesionales especializados en la materia que tienen un perfil técnico. Un contador y un abogado, además de interactuar con los equipos de cada una de las secretarías que tienen a su cargo los trámites específicos.
