La Cámara de Diputados comienza a debatir este martes la reforma a la ley de alquileres que entró en vigencia el 1 de julio de 2020.
“Hay una fuerte avanzada del mercado inmobiliario contra los derechos de los inquilinos”, sostuvo Sebastián Artola, referente de la Federación de Inquilino Nacional en la provincia de Santa Fe.
“Todos los proyectos presentados por Juntos por el Cambio y la posición del massismo son a favor del mercado inmobiliario”, agregó. “Quieren contratos más cortos (de dos años o, incluso, hay algunos que plantean un año de duración), aumentos semestrales o cada tres meses, y que los ajustes los defina de manera unilateral las inmobiliarias y propietarios”. “El resultado no va a ser otro que más aumentos en los alquileres, más imposibilidad de pagar, más inquilinos en la calle y más crisis habitacional”, dijo de manera categórica Artola.
“Vamos a defender el mínimo de 3 años en los contratos y que los aumentos sólo puedan ser anuales”, expresó Artola. “Y proponemos avanzar hacia la regulación del precio inicial del alquiler y crear un impuesto a las viviendas vacías”, agregó.
“De lo que se trata es de avanzar, no de retroceder, hay que profundizar la regulación del mercado inmobiliario, la presencia del Estado y la ampliación de derechos para los inquilinos”.
“En buena hora, en los últimos días un sector del Frente de Todos se hizo eco de nuestros planteos”, sostuvo Artola, en referencia a los proyectos que ingresaron los diputados nacionales José Luis Gioja y Gisela Marziotta.
El proyecto de Gioja plantea regular el precio inicial del alquiler, beneficios a monotributistas y gravar los inmuebles deshabitados. En tanto, el de Marziotta congela el precio del alquiler hasta que se conforme una mesa donde el Estado nacional decida los aumentos anuales y propone crear la Cámara Nacional de Alquileres como organismo de control.
“Lo que está en debate es cómo se accede a la vivienda en nuestro país y hay dos modelos en disputa: si la vivienda es un negocio, un bien de especulación, que tiene que estar en manos del mercado y que los inquilinos se salven como puedan. O si la vivienda es un derecho, que debe garantizar el Estado, regulando el mercado y protegiendo a los inquilinos”, concluyó el referente provincial.
