La familia Bassi pidió un resarcimiento económico por las muertes de su padre y hermanos al entender que podrían haber sido evitadas y apuntó a responsabilidades políticas y policiales.
Tras haber sufrido el asesinato de tres de sus integrantes –Leonardo, Maximiliano y Luis– la familia de Luis Pollo Bassi, reclamó al Estado un millonario resarcimiento económico al entender que estos crímenes podrían haber sido evitados. Señalaron responsabilidades políticas y policiales.
Enrique García Arquiola, precisó que el monto requerido es de 5.700.000 pesos pero que podría elevarse si otros miembros de la familia, como los hijos de Leonardo y Maximiliano, deciden realizar un reclamo similar.
Su cliente principal, señaló, es Victoria Orellana, la esposa de Luis y madre de los dos hermanos asesinados.
Puntualmente, los Bassi hacen responsable al Estado por la muerte de Leonardo, el 31 de diciembre de 2013; por la de Maximiliano, poco más de un mes después, el 12 de febrero de 2014; y por la de Luis, el 22 de octubre de 2014. Los tres hechos ocurrieron en el mismo lugar, en 20 de junio y Chile donde está ubicada la remisería/taller de la familia.
El abogado señaló que hay evidencia –grabaciones telefónicas y la propia advertencia del Pollo desde la cárcel– sobre la planificación de estos asesinatos.
“Hay una escucha –llamó la atención– del 20 de agosto de 2014 donde hablaban de la muerte de Luis Bassi”, casi dos meses antes de su crimen el 22 de octubre de ese mismo año.
“Se sabía; se había hecho inteligencia que iban a matarlo y no hicieron nada para evitarlo, tampoco hicieron nada para evitar las otras muertes”, enfatizó y acusó a la policía de haber hecho circular fotos de la familia.
Recordó además que pese a su insistencia, el ministro de Seguridad Raúl Lamberto no lo recibió y que el subsecretario de Control de Armas, Matías Palavecino, le hizo una recomendación, a su entender, insólita: que aconseje a sus clientes “que se vayan de la provincia”.
En principio, como establece la ley, el reclamo fue presentado como trámite administrativo en la sede de la Gobernación en Santa Fe pero si en 30 días no reciben respuestas, los Bassi quedarían habilitados para avanzar en una demanda civil.
