Una auditoría interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sacado a la luz una serie de escandalosas irregularidades que han dejado al descubierto una gestión descuidada y, en algunos casos, corrupta.
Entre las revelaciones más impactantes se encuentra el descubrimiento de una oficina que funcionaba como una financiera privada, operando de manera irregular y sin supervisión alguna.
Pero eso no es todo, una dependencia del ministerio fue tomada por empleados que convirtieron el lugar en un centro de negocios ilícitos, desafiando la autoridad y la transparencia que se espera de un organismo público.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se ha propuesto desentrañar esta red de corrupción y malversación de fondos, ordenando auditorías exhaustivas y tomando medidas drásticas para restaurar el orden y la responsabilidad en su ministerio. Sin embargo, el alcance de la corrupción es asombroso: desde el despilfarro de millones de pesos en alquileres innecesarios hasta el pago exorbitante de viáticos a empleados que, según las investigaciones, podrían haber sido utilizados como sobresueldos encubiertos.
Pero quizás lo más preocupante es la superpoblación en el INADI, donde se descubrió que más de cuatrocientos empleados estaban asignados, una cifra mayor que la de los empleados del fuero ordinario de la Capital Federal. Esta sobrecontratación ha generado sospechas de posibles irregularidades en el manejo de personal y fondos, lo que ha llevado al ministro a tomar medidas drásticas para poner fin a esta situación.
El escándalo en Justicia es un duro golpe para la confianza en las instituciones gubernamentales y ha dejado al descubierto la necesidad urgente de una reforma integral en la administración pública. Con la mirada puesta en el informe final de la auditoría, se espera que se tomen medidas contundentes para castigar a los responsables y restaurar la integridad en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
