La AFIP presentó hoy una demanda civil por “daños y perjuicios” contra los dueños de la firma Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y contra el ex titular del ente recaudador Ricardo Echegaray.
La demanda la presentó el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra, ante el juez Julián Ercolini, en el marco del proceso penal en el que los tres acusados están procesados por “apropiación indebida de tributos”.
López y De Sousa están procesados por haberse quedado de manera indebida con 8.000 millones de pesos recaudados a través del impuesto a la transferencia de combustibles, y Echegaray por haber facilitado la maniobra desde la conducción de la AFIP.
El organismo racaudador que conduce Leandro Cuccioli reclamó que los imputados paguen con su patrimonio los daños que le fueron causados a la AFIP por no haber podido contar durante todo este tiempo con el dinero adeudado y por haber tenido que insumir recursos para investigar las irregularidades cometidas en torno a la maniobra que permitió el crecimiento de la deuda.
“La presente acción tiene por objeto reclamar la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados criminis causa a la AFIP…Adelanto que los nombrados son civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a mi representada como consecuencia de tales hechos”, sostuvo Gil Lavedra.
“Esta demanda se deduce contra las personas que han sido procesadas y cuyo procesamiento ha sido confirmado por la Cámara”, remarcó el abogado que representa a la AFIP.
“Como consecuencia lógica del accionar desplegado por los demandados a través de los delitos imputados, éstos le han causado a la AFIP graves daños y perjuicios, que se traducen sustancialmente en la omisión del ingreso del ICL (impuesto a los combustibles)”, remarcó.
En la misma línea, Gil Lavedra aseguró que “la maniobra defraudatoria desplegada a lo largo del tiempo por los imputados aquí demandados civilmente, permitió que Oil financiara y beneficiara al resto de las empresas del Grupo Indalo con sumas que pertenecían al fisco”.
En la demanda, la AFIP no estimó el monto que le debería ser exigido a los acusados, pero sostuvo que debe surgir de “de la totalidad de las sumas dejadas de percibir por el Fisco en función de la maniobra defraudatoria descripta; los perjuicios causados por la afectación de la institucionalidad de la AFIP por la pública burla a los controles del Fisco; el lucro cesante, que supone para el Estado nacional la indisponibilidad de las sumas lisa y llanamente sustraídas al erario público y intereses, costos y costas”.
Gil Lavedra sostuvo además que, “para poder impetrar (solicitar) las acciones contra los responsables de los daños, (la AFIP) no sólo ha debido distraer recursos y horas hombre, sino que ha tenido que recurrir a gastos extraordinarios, por las características complejas y especiales de este caso”.
