En un nuevo Día Nacional de la Memoria, a 39 años del comienzo de la etapa más sangrienta la historia argentina, el diputado provincial kirchnerista José María Tessa recordó a las víctimas de la dictadura cívico-militar, e insistió con la necesidad de investigar a los actores económicos involucrados en los delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe. “Tenemos más de 30 mil motivos para seguir luchando”, aseguró.
En ese sentido, el ex dirigente gremial de Amsafe recordó que el proyecto de su autoría para la creación de una comisión para investigar cómplices civiles de la dictadura logró media sanción el año pasado en la Cámara baja, y espera ahora su tratamiento en Senadores para lograr su sanción definitiva.
“Necesitamos como pueblo sacar de la sombra todo esto, para poder continuar recuperando la democracia de nuestro país con equidad”, afirmó Tessa, quien elaboró el proyecto para que se investigue a los actores económicos involucrados en los delitos de lesa humanidad en la provincia con la colaboración de diversos organismos de derechos humanos.
“Las terribles secuelas de la última dictadura cívico-militar argentina han dejado una marca indeleble en el tejido social. Los avances observados en materia de juicio y condena a los responsables de violaciones a los derechos humanos brindan una necesaria reparación a la sociedad y a las víctimas directas. Pero los progresos fueron menores en relación al esclarecimiento del rol empresarial en la represión ilegal. Y la cuestión no es menor porque esa cúpula empresarial fue una de las principales beneficiarias del golpe de Estado”, describió el legislador de Nuevo Encuentro.
La Comisión Bicameral
El proyecto de ley presentado por Tessa consiste en la creación de una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el ámbito de la Legislatura provincial a los fines de investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la actuación de aquellos actores económicos que interesadamente promovieron, facilitaron, contribuyeron o se beneficiaron del accionar represivo dictatorial y los delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe.
La Comisión estará compuesta por un presidente designado por el Poder Ejecutivo provincial, junto a tres diputados y tres senadores elegidos por sus pares.
Dicha Comisión tendrá por objeto elaborar un informe con la identificación de aquellos actores económicos locales que contribuyeron y/o se beneficiaron del terrorismo de Estado. Se entenderá por contribución el apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza. La Comisión deberá, en el caso de identificar una eventual comisión de delitos, formular las denuncias correspondientes ante los estrados judiciales.
A los fines del cumplimiento de sus objetivos, la Comisión constituida tendrá amplias facultades tales como: solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales; requerir informes a organismos públicos o privados; requerir la declaración de personas; requerir el nombramiento de asesores, investigadores o expertos, así como toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de su cometido.
“La Comisión podrá recurrir al Poder Judicial a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación y, en caso de resultar necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus fines”, concluyó el ex dirigente de Amsafé.
El proyecto, que fue aprobado en noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados, fue girado a Senadores para su discusión. Allí se evaluará ahora la posibilidad de su sanción definitiva.
