El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni habló sobre la derogación del decreto de la gestión de Mauricio Macri a través del que se había modificado la Ley de Migraciones para establecer mayores controles al ingreso de inmigrantes con antecedentes penales. “Yo fui precursor de expulsar delincuentes extranjeros”, dijo.
El funcionario dijo que no estaba de acuerdo con la decisión oficial de derogar los cambios en la norma que había hecho el gobierno anterior y apuntaba a acortar los tiempos para definir la expulsión de quien tuviese antecedentes penales. Además establecía una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilegales.
“Fui precursor de intercambios de inteligencia criminal. Creo que la política de migraciones es potestad nuestra y define qué tipo de país queremos”, señaló Berni este sábado en diálogo con Mitre. “Es una decisión con la que no estoy de acuerdo. Si queremos que las cosas cambien no podemos ir por este camino”, remarcó.
“Yo creo que acá no tiene que ver una situación de racismo. La Argentina se caracteriza por la universalidad de derechos que alcanza a los mismos extranjeros”, opinó el ministro bonaerense. “Acá no se está discutiendo una cuestión de derechos extranjeros, sino qué sociedad queremos”, remarcó.
El funcionario relacionó la cuestión con la inseguridad. “Me parece que a los argentinos nos interesa vivir en una sociedad en paz. Yo creo que la seguridad no tiene ideología. Mi idea no es confrontar sino aportar”, aclaró.
En ese sentido, se mostró de acuerdo con los cambios en la política migratoria que se concretaron durante la administración del expresidente. “En materia de seguridad puedo asegurar que durante los cuatro años de (Mauricio) Macri fueron todas bombas de humo, pero si hubo algo que realmente funcionó fue la expulsión rápida de aquellos extranjeros que delinquían. Soy de las personas que creen que las cosas buenas hay que mantenerlas y potenciarlas”, admitió.
La gestión de Juntos por el Cambio sostenía que habían detectado un incremento de las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Por ese motivo puso en marcha una serie de cambios en la política migratoria y en el período 2016-2019 se expulsaron a 3000 extranjeros.
Tras el arribo del gobierno de Alberto Fernández, el Centro de Estudios Legales y Sociales; Amnistía Internacional y otras organizaciones le solicitaron al Presidente derogar la medida.
Antes de la modificación de Macri, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. El decreto de Cambiemos amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo restaba un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.
