Se trata de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y planes sociales que denunciaron que los saldos de sus cuentas disminuyeron por descuentos de entidades que ellos no aprobaron. El defensor requirió a los organismos que se subsane la situación y se realicen acciones para evitar que se repita en el futuro.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, envió oficios a los presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del Banco Nación para ponerlos en conocimiento de numerosas denuncias recibidas de parte de vecinos de Villa Gobernador Gálvez por descuentos no autorizados a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales y solicitarles que tomen las acciones necesarias para terminar con esta situación.
En las notas, el defensor santafesino explicó que se han recibido en los últimos tiempos decenas de reclamos de personas que han visto disminuidos sus saldos producto de descuentos de supuestos prestamos mediante el uso de la Clave Bancaria Única (CBU). “Los reclamantes manifiestan que jamás han autorizado ese débito y, luego de solicitar un detalle de sus cuentas, se han encontrado que se han producido descuentos en favor de diversas entidades”, señalaron desde la Defensoría del Pueblo.
La institución detalló que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, esas entidades no tendrían sucursal física en Villa Gobernador Gálvez, sino fuera incluso de la provincia de Santa Fe. Por lo que se deduce que solo se pudo solicitar y otorgar un supuesto préstamo en forma no presencial, por vía electrónica y/o telefónica, por lo que se desconoce qué elemento probatorio tienen las entidades indicadas sobre el consentimiento de quien habría recibido dinero de ellas. Un indicio sería que ellas hayan hecho una transferencia inicial en favor de la persona a la que luego se le descuentas cuotas, lo que, de ser real, será muy fácil de acreditar.
No obstante ello, la Defensoría del Pueblo subrayó que “las personas perjudicadas desconocen la operación y relatan que se encuentra con negativas o demoras prolongadas para que desde la sucursal Banco Nación de Villa Gobernador Gálvez se les brinde, en primer lugar, la información necesaria para detectar de dónde provienen los descuentos”. Esta situación se vería agravada luego cuando, al solicitar que se detenga el débito, las notas no se reciben con la agilidad necesaria, no reintegrándose los importes que se han descontado y que las personas aseguran no han autorizado.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo le solicitó, por un lado, al Banco Nación que “proceda a ordenar a las autoridades de la sucursal Villa Gobernador Gálvez que faciliten la recepción y resolución rápida y satisfactoria de los reclamos que puedan hacer los clientes de esa sucursal que expresen que no han autorizado descuentos en sus cuentas, esencialmente vinculados a supuestos préstamos a través de CBU”. Asimismo, y dado que no se puede descartar que existan otros casos, también se le solicitó que evalúe, por los mecanismos de auditoría interna, “acuerdos o convenios que se tengan con terceros por parte del BNA y que faciliten a estos otorgar presuntos préstamos a descontar luego con débito en cuenta, para evitar que se repitan estas circunstancias”.
Por otro lado, se le requirió al BCRA que “tome intervención en los hechos denunciados a los fines de requerir toda información pertinente al Banco Nación y tomar las medidas que resulten necesaria para brindar una respuesta satisfactoria a los usuarios de aquella entidad financiera”. Y, finalmente, le recomendó que “dicte normas que imposibiliten todo descuento en cuentas bancarias sin que se tenga certeza de que se encuentra autorizado por el titular de ella, previo a recibir en forma correcta y suficiente los términos y condiciones de los referidos préstamos”.
