“De todas las imputaciones que me han hecho desde 2016, más tarde o más temprano, he sido sobreseída. Estoy a disposición de la Justicia como siempre para explicar lo que sea necesario”.
Esta fue la respuesta en la red social Twitter de Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), tras hacerse público que la apertura de una causa judicial en su contra: la fiscal Paloma Ochoa abrió un expediente por la resolución dictada por la Oficina Anticorrupción en la que establecía que el presidente Mauricio Macri no había incurrido en ninguna falta ética, en relación a la causa de Correo Argentino, empresa ligada al Grupo Macri en la década pasada.
Las diputadas massistas Graciela Camaño y Cecilia Moreau, y su par Alejandro Grandinetti, también del Frente Renovador, habían denunciado el 17 de octubre pasado a Laura Alonso por entrender que la resolución 2018-24 dictada por la OA “perseguía desligar responsabilidades” a Macri, a Oscar Aguad, exministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa y al exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa.
La fiscal Ochoa, al abrir formalmente el proceso, investigará si Alonso incurrió en los delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia. La causa quedó en el juzgado de la jueza federal María Servini.
La controversia se remite a un expediente judicial que se arrastra desde que en noviembre de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner le retiró la concesión del Correo Argentino la empresa SOCMA (del grupo Macri), por entender que desde 2001 había incumplido el pago del canon por la privatización. El Estado argentino le reclamó, por entonces, una deuda por 296 millones de pesos y el conflicto se empatanó en la justicia comercial.
A poco de asumir Macri la Presidencia de la Nación en diciembre de 2015, el Estado llegó a un acuerdo con SOCMA para pagar la deuda. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, rechazó el acuerdo por “abusivo y perjudicial” para el Estado. Según la fiscal, implicaba una quita del 98,2% de la deuda, con una condonación de 4.227 millones de pesos.
Las críticas que generó el acuerdo llevaron al Gobierno nacional a desistir del entendimiento con SOCMA.
“No se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación”, dictaminó Alonso sobre el controvertido acuerdo.
Alonso argumentó que cuando el Estado estableció el acuerdo, Macri ya no tenía intereses en SOCMA, puesto que en 2009 había transferido sus acciones a sus tres hijos.
Los diputados del Frente Renovador opinan distinto. Plantearon que en 2014, en su declaración jurada como jefe de Gobierno porteño, Macri informó que poseía algún tipo de participación accionaria en SOCMA.
“Hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del Presidente, que buscaba saldar su deuda con el Estado de su concurso preventivo”, denunciaron Camaño, Cecilia Moreau y Grandinetti.
