El diputado provincial de Cambiemos Roy López Molina presentó un proyecto de ley para reformar, en el Código Procesal Penal, los requisitos para la realización de juicios abreviados.
“El fallido acuerdo con la banda de Los Monos encendió una luz de alarma sobre los riesgos de un procedimiento que se convirtió en el principal método para resolver casos en el nuevo modelo de enjuiciamiento de delitos santafesinos”, explicó el referente de Cambiemos.
Teniendo en cuenta las cifras oficiales de la provincia, se contabilizaron, entre 2014 y 2015, 1442 acuerdos abreviados contra tan solo 26 juicios orales. “Al no tener ningún límite legal previsto, se hizo uso y abuso del procedimiento abreviado. Lo que debería ser la excepción, se transformó en regla”, amplió el legislador.
En ese sentido, el proyecto establece como requisitos del acuerdo abreviado que el delito esté penado con una pena privativa de libertad que no exceda los seis años. Además, no deben estar involucrados funcionarios públicos, ni que la causa penal en cuestión sea considerada de interés público.
“El juicio abreviado actual distorsiona el tratamiento de casos graves, que deben ser juzgados en audiencias públicas. La criminalidad grave y la menor requieren soluciones procesales distintas”, señaló López Molina, y continuó: “es que mediante el procedimiento abreviado, más allá de que tal vez haya venido a ayudar a descomprimir al congestionado sistema procesal penal, lo cierto es que, suprime el momento del contradictorio que hace a la médula del debate, única vía para conformar un juicio respetuoso del debido proceso”.
“Desde nuestro espacio político venimos cuestionando fuertemente la utilización indiscriminada del juicio abreviado, no sólo en el caso de “Guille” Cantero y el homicidio de Demarre. Otro de los casos resonantes fue la débil condena a tres años y medio de quien disparó contra la casa del propio gobernador de la Provincia, y los santafesinos nos quedamos sin conocer las razones que motivaron el ataque”, profundizó el diputado provincial.
“En definitiva, recurrir de manera reiterada a procedimientos abreviados es el síntoma de un sistema de justicia penal colapsado, por falta de recursos económicos, materiales y humanos”, evaluó el legislador.
“Valoramos como positivo el juicio abreviado, pero, para evitar distorsiones y malas utilizaciones, promovemos estas reformas que, a nuestro entender, perfeccionan la herramienta con el objetivo de mejorar la administración de justicia y no consagrar impunidad”, finalizó Roy López Molina.
Otros cambios. En el proyecto se prevé que si existiera pluralidad de acusados, el juicio abreviado sólo se aplicaría con la conformidad de todos. Del mismo modo, si el Juez que interviene está en dicordancia con la calificación legal del caso y requiere un mejor conocimiento de los hechos, tendrá la facultad de poder rechazar el acuerdo abreviado.
La regulación en otras provincias. A modo de comparación con otras provincias del país, tanto Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz Misiones y Entre Ríos adoptaron que el juicio abreviado se permite entre los tres y ocho años respectivos en cada caso. Asimismo, en el Codigo Procesal Penal de la Nación, el monto de la pena para acceder al abreviado es de un máximo de seis años.
