Julio no es un mes más para Argentina. No sólo por ser el mes en que conmemoramos la independencia nacional y comienzan las vacaciones de invierno, sino porque también celebramos el cumpleaños de la Ley de la Igualdad.
Es que fue en la fría madrugada de un 15 de julio, allá de 2010, que el Senado de la Nación convirtió en ley el acceso a la igualdad formal para todas las familias, independientemente del género, la orientación sexual o la identidad de género de cada persona contrayente.
La ley de Matrimonio Igualitario, impulsada por la Federación Argentina LGBT y un amplio arco político y social, marcó un hito fundamental en la larga historia que nuestro país construye en relación a los derechos humanos. También nos convirtió en el primer país de América Latina en garantizar este avance y dio visibilidad masiva al colectivo LGBT+ a lo largo de un debate que recorrió cada mesa de café, cada escuela, cada universidad, cada medio de comunicación y cada almuerzo o cena familiar.
Recuerdo con mucha claridad los debates de aquellos meses. Se dijeron cosas terribles pero también tuvimos espacios para ejercer una tarea pedagógica que finalmente logró cambiar puntos de vista y construir una mayoría social y parlamentaria que hicieron que la ley pudiera ser aprobada.
Se habló casi en cadena nacional acerca de nuestras familias, de si teníamos o no capacidad para criar a las infancias, de si éramos promiscuos o fieles, de si las mujeres lesbianas promovían el odio hacia los varones e incluso sobre el efecto “contagio” que podía provocar en las nuevas generaciones la visibilidad de las personas diversas mayores, desconociendo que la orientación sexual y/o identidad de género no se enseña, ni se contagia, ni se transmite ni puede ser producto de adoctrinamiento.
Pero también recuerdo que uno de los debates que se dio con fuerza, cuando los sectores reaccionarios dieron por perdida la batalla cultural acerca de si merecíamos o no acceder a los mismos derechos, fue acerca del nombre de la institución “reservada” para las parejas LGBT+.
Habiendo sido aprobada en la Cámara de Diputados, en el Senado se pretendió modificar a la ley de Matrimonio Igualitario, transformándola en una Unión Civil que -incluso amplia en materia de los derechos incluidos- sonaba a todas luces un nuevo confinamiento de nuestra comunidad y nuestras familias a un régimen de apartheid, y por tanto, inaceptable.
Pero finalmente la fuerza de los argumentos, la marea social igualitaria y la movilización en cada provincia del país sostuvieron el proyecto original y vencieron las resistencias que, detrás del impulso a la figura de este instituto jurídico diferente, escondían su homo lesbo trans odio y el verdadero propósito de no “conceder” ningún trato igualitario a quienes siempre consideraron diferentes e inferiores.
En estos días, en que evocamos aquella gesta maravillosa, vuelven a batir el parche las voces que quieren llevarnos de regreso a los armarios.
Desde Victoria Villarruel a Cintia Hotton escuchamos nuevamente argumentos para sostener que los derechos conquistados debieran ser revisados. Y que lo que se logró hace ya 13 años tranquilamente podría ser derogado de la noche a la mañana.
Como si la felicidad de tantas familias y el orgullo de una sociedad entera por vivir en un país más digno, más libre y más abierto, pudiera borrarse a golpe de decreto o ley derogatoria.
Es en estos días, y ante estas declaraciones, que tengo más presentes que nunca aquellas palabras de mi querido amigo y gran activista iberoamericano Pedro Zerolo: “Los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden”.
Y aquí estamos para defenderlos. Porque no admitiremos un sólo paso atrás, ni para tomar impulso. Y porque al closet no volvemos nunca más!.
(*) Esteban Paulón es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, socio implementador de HRC Equidad AR (Programa Global de Equidad Laboral, a partir del trabajo conjunto de la Fundación Human Rights Campaign y el Instituto de Políticas Públicas LGBT+ (IPP LGBT+)
