El juez federal Marcelo Bailaque aceptó la medida cautelar pedida por la Comisión Directiva de la Biblioteca Vigil sobre un predio de 30 hectáreas en Villa Gobernador Gálvez que pertenecía a la entidad. Los terrenos en cuestión pasaron por un irregular derrotero desde la intervención de la dictadura e incluso durante la actual etapa democrática, y ahora temen que sean virtualmente privatizados.
Bailaque está a cargo de la causa por delitos económicos cometidos contra la Biblioteca a partir de su intervención por la dictadura en 1977. El planteo cautelar fue cursado por la Comisión de la Vigil como parte querellante. Lo realizaron las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini. Es por el predio donde funcionaba el “Centro recreativo, cultural, social y deportivo” de la Vigil, que se conoció como “La Colonia”. El 22 de junio último, el magistrado aceptó la presentación. Por lo mismo, ordenó no innovar sobre la disposición de los terrenos, que declaró litigiosos.
La dictadura había iniciado una liquidación judicial de esos terrenos en el marco del desmantelamiento de la entidad, a cuyas entonces autoridades persiguió y encarceló. Ya en democracia, en 1995 la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez compró esas tierras mediante una oscura venta directa y con un crédito del gobierno provincial. Entonces se dijo que el traspaso era para levantar allí un barrio de viviendas sociales. Nunca se concretó y, en cambio, seis de las treinta hectáreas terminaron por otra singular operación en poder del frigorífico Paladini.
La Comisión de la Vigil sostiene en un comunicado que las sucesivas gestiones políticas de Villa Gobernador Gálvez nunca tuvieron la voluntad de restituir las tierras que subsisten como de su titularidad. Resaltan, por opuesto, lo que hizo el gobierno provincial con dos de los edificios de la Biblioteca, en obediencia a la ley 13.306. De hecho, hace pocos días se concretó la escrituración de esas propiedades a nombre de la entidad social.
El texto expone la preocupación por la reciente sanción de una ordenanza en el Concejo deliberante del municipio vecino: la norma invoca una recuperación de la costa del río Paraná para autorizar al intendente a firmar convenios y tercerizar servicios en esas áreas. Ello, dice la Comisión de la Vigil, abre paso a que inversores privados puedan adquirir derechos de explotación, uso u otra naturaleza sobre esas tierras que impedirán la recuperación por parte de la Biblioteca en cualquier instancia (judicial o legislativa).
FUENTE: DIARIO EL CIUDADANO Y LA GENTE
