Los fiscales acusaron al ex corredor de Fórmula Uno, Oscar “Poppy” Larrauri, a Leo Peiti y al abogado José Fernández Chemes por estafa procesal en concurso real con lavado de activos de origen ilícito, y al último por haber actuado en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial en carácter de partícipe primario.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron medidas cautelares no privativas de la libertad que consisten en 800.000 dólares de caución real y prohibición de salir del país y respecto del abogado se solicitó la inmovilización de las cuotas societarias de las empresas en cuestión.
Según los fiscales los terrenos en cuestión, ubicados en Funes, fueron adquiridos por Leonardo Peiti a una mujer ya fallecida, Isabel García, quien a la vez se los compró a una empresa cuyo apoderado denunció que le falsificaron la firma.
La presunta maniobra adjudicada a Larrauri, según el planteo de los fiscales, consistió en “simular” la compra de una serie de terrenos a Peiti el 10 de marzo de 2016 por 536.000 dólares.
Solamente unos días después el ex piloto de formula uno firmó contradocumentos por los cuales le vendió a Peiti esos mismos terrenos por igual valor, a la vez que firmó un contrato de alquiler a favor de aquel por los lotes.
Esa maniobra “le permitió a Leonardo Peiti justificar la incorporación de un ingreso financiero a su favor de 536.000 dólares en base a la conformación de registros contables que no responden a la realidad económica”, sostuvieron los fiscales.
Además, indicaron que “ese dinero con el que contaba Peiti es el fruto de su actividad ilícita como jefe de una asociación ilícita” dedicada a la explotación de salas de juego ilegal, hecho por el que ya fue imputado en distintas causas.
Los fiscales advirtieron que con el “blanqueo” de esos dólares, Peiti “simuló” la compra de otros siete terrenos en Casilda por 52.274 dólares, aunque en realidad existe documentación que muestra que ya era propietario de los mismos y los había adquirido en 2012 por más de 200.000 dólares.
Para los fiscales, el abogado Fernández Chemes, quién debió renunciar a su cargo de secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, participó de la presunta estafa procesal por la que Peiti obtuvo de un juzgado la escrituración de los terrenos de Funes que luego “simuló” vender a Larrauri y del lavado de activos.
Hay que destacar que Fernández Chemes solicitó el uso de la palabra y dijo: “No he cometido ningún delito. No me he apartado de la ley ni del código de ética de abogado. Me quiero defender”, dijo Fernández Chemes. Quiero contar con tiempo y los medios necesarios para explicar mi accionar que no ha sido ilícito. Vamos a pedir a su tiempo una audiencia para aclarar que no hubo nada ilegal”, sostuvo el abogado.
