Hay una gran falla en el Gobierno Provincial para acceder a la...

Hay una gran falla en el Gobierno Provincial para acceder a la información de los decretos, dijo Héctor Cavallero

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Después de varios reclamos, el gobierno publicó los decretos que contratan a calificadoras de riesgo y abogados por más de 12 millones de pesos

Sucedió luego de que el diputado Héctor Cavallero (Bloque Frente Justicialista para la Victoria) presentara un pedido de informes y el bloque realizara un planteo ante el Tribunal de Cuentas para que se publiquen en el Boletín Oficial y la web del gobierno provincial los decretos que contratan a consultoras y calificadoras de riesgo para tomar deuda externa.

‘Finalmente, después de dos meses, el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial los decretos 0331 y 0332. Los mismos dan cuenta de las contrataciones de calificadoras de riesgo y de estudios jurídicos para la posible emisión de títulos de deuda a realizar por la provincia en los mercados internacionales. Calificadoras de riesgo de triste recuerdo en la Argentina y estudios de abogados que, entre otras cosas, han defendido a los fondos buitre’.

Los decretos llevan las firmas del gobernador Miguel Lifschitz y del ministro de Economía, Gonzalo Saglione. Ambos se publicaron el último 20 de Mayo aunque fueron firmados el 8 de Marzo de este año. ‘Nosotros venimos reclamando la publicación desde el 30 de Marzo porque los santafesinos deben conocer los alcances de esos instrumentos ya que el gobierno pretende endeudarse por 1000 millones de dólares’.

En los fundamentos, ambos decretos, dan cuenta que para realizar las contrataciones, el gobierno fue asesorado por el Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de agente financiero.

En el caso del 331, parte de una modificación presupuestaria de 3.500.000 pesos en el Ministerio de Economía y se adjudica el servicio de calificación crediticia para la futura emisión de títulos a Fitch Ratings y a Moody’S Investors Service. En ambos casos el contrato es por 30.000 dólares el primer año y 35.000 los subsiguientes.

‘No sabemos a quienes consultaron porque se ha dicho y es cierto, que no tiene experiencia en esto (ni el Banco ni el gobierno). Entonces, no sabemos de dónde sacó el conocimiento el agente financiero para aconsejar que se contraten a Fitch y Moody’s’.

En cuanto al decreto 332, el mismo habilita la contratación de una asesoría legal de estudios jurídicos local y del exterior, que le permita a la provincia “contar con todos los elementos de juicio necesarios para considerar los aspectos jurídicos vinculados con la emisión, mediante una clara identificación de los procedimientos a seguir”. Siguiendo el consejo del Nuevo Banco de Santa Fe “resulta conveniente la contratación en el orden nacional del estudio Nicholson y Cano y del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en el orden internacional”. El decreto establece la asignación de 9.000.000 de pesos y el costo del estudio local es de 48.400 pesos en la primera etapa y de 60.500 en la segunda mientras que el externo es de 200.000 dólares en el primer tramo y de 175.000 en el segundo.

‘El decreto 332 es el que contrata los dos estudios, uno para que actúe en el orden nacional, que es Nicholson y Cano, y el otro en el exterior: Cleary Gottlieb, que es conocido- Al estudio que actúa en el exterior (Cleary) lo han contratado todos los gobiernos, desde (Carlos) Menen en adelante. Porque hay un decreto secreto que todavía, desgraciadamente, existe en la Argentina. Investigamos de dónde viene este estudio jurídico, tenemos toda su historia, y nos encontramos con ese decreto’.

El pasado jueves, los integrantes del bloque del Frente Justicialista para la Victoria se reunieron con los miembros del tribunal de cuentas y le manifestaron la dificultad en el acceso a la información, la falta de publicación de decretos y otras normas en el Boletín Oficial y en la página web del gobierno santafesino.

‘Los decretos 331/332 de 2016, por los cuales se contratan a las consultoras privadas y extranjeras vinculadas al endeudamiento por 1.000 millones de dólares y la demora de la publicación de datos de estadísticas vinculadas a temas sociales y de salud, que según la página oficial, datan de 2012’.

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