Se advierte un sostenido aumento en la tendencia social que demanda más justicia. Sin embargo, poco se profundiza acerca del contenido de dicho reclamo.
Así, por ejemplo, cabe preguntarse qué se entiende por justicia, cuál es su significado, cuándo nos encontramos ante un orden social justo, etc.
Queda claro que todas ellas son cuestiones que merecen respuestas adecuadas, pero difícilmente podamos encontrarlas si no hacemos el esfuerzo que implica instalar el tema en la lista de los asuntos prioritarios, que necesariamente deben formar parte de la agenda pública.
Sólo de esta forma lograremos un amplio debate que posibilite la participación de los distintos sectores de la sociedad a los efectos de alcanzar los acuerdos necesarios en esta materia.
Una de las cuestiones prioritarias es el mejoramiento del acceso a la justicia. Resulta imperioso que los más vulnerables la perciban más cercana, como una ayuda para solucionar sus problemas cotidianos.
La creación de tribunales de menor cuantía, instalados en cada barrio, con trámites gratuitos y sencillos de entender por los que no son especialistas en las ciencias del Derecho, sería un gran aporte en tal sentido.
En lo que respecta a los reclamos por daños y perjuicios, accidentes de trabajo, de tránsito y otros similares, resulta necesario efectuar unas pocas reformas que acortarían los tiempos procesales, que están en un promedio de tres años.
La resolución de estos casos depende en gran medida del resultado de dos o tres pericias, no se advierte razón para no realizarlas en las etapas de mediación previa. Con esta medida muchísimos reclamos no se convertirían en juicios, ya que nada quedaría por probar en los juzgados. Esto beneficiaría a las partes involucradas:
– La víctima cobraría más rápido.
– La demandada evitaría la necesidad de prever durante años una suma de dinero para el hipotético supuesto de que deba hacer frente a una sentencia condenatoria.
– Los jueces tendrían más tiempo para trabajar en juicios de mayor complejidad, que requieren un mayor involucramiento de su parte.
– El ahorro que se obtendría de la menor cantidad de juicios en trámite podría utilizarse para mejorar la logística de los juzgados.
– Los juicios complejos durarían menos tiempo, ya que los juzgados no estarían tapados de trabajo debido a la tramitación de expedientes que nunca deberían haber llegado a sus estrados.
Es necesario incorporar normas que aseguren mayor transparencia en los procedimientos, generando tableros de control que permitan detectar los tiempos muertos que suelen producirse en muchos expedientes que tramitan en la justicia. Lo mismo cabe decir de la ausencia de un cuerpo de policía de investigación especializada que dependa exclusivamente de los jueces, dotado de instrumental de última tecnología a fin de esclarecer los hechos que se investigan en la Justicia.
Un ejemplo de esta carencia podemos advertirlo en la investigación de la muerte del fiscal Nisman. La precariedad del sistema llevó a que para la producción de algunas pruebas se debiera acudir a laboratorios de La Plata y Salta.
Las soluciones están al alcance de la mano, pero es necesario que logremos instalar el problema en la agenda de la dirigencia toda.
