El Partido Progreso Social (PPS) expresa su más profunda preocupación ante la situación que vive la Cooperativa de Trabajos Portuarios de la ciudad de San Lorenzo ya que se encuentran en peligro las fuentes de trabajo de sus afiliados, la relación con los proveedores y hasta su continuidad. Todo ello, a raíz de la intervención de dicha institución dictada hace días atrás por el Juzgado Federal de Campana.
Independientemente del proceso que lleva la Justicia contra su presidente, Herme Juárez, los trabajadores y asociados de esa institución viven momentos de incertidumbre ante su futuro debido a la medida dictada por el Juez juez federal de Campana, Adrián González Charvay, bajo la consigna de una supuesta normalización de la marcha administrativa de la misma, para luego, y en forma inmediata apartarse de la causa, agregando aún más incertidumbre sobre el caso y retrasando las definiciones necesarias.
En el mismo sentido, es un hecho grave, teniendo en cuenta que el designado interventor es un profesional del derecho que además de no poseer antecedentes en materia de cooperativismo ni en el ámbito portuario, su trayectoria se halla dedicada a la selección de ejecutivos de Recursos Humanos de grandes empresas tanto nacionales como transnacionales. Por lo tanto, se encuentra sumamente alejado del mundo de las cooperativas y las actividades portuarias.
De esta manera, su relación con el mundo del trabajo se centra en la prestación de servicios ligados a empresas multinacionales y grandes grupos económicos, que en algunos casos se hallan en las antípodas de las asociaciones cooperativas.
Inexplicablemente, se determina la intervención pese a tratarse de una causa en la que solo ha sido procesado su presidente quedando afuera de la misma el resto de la Comisión Directiva, que bien podría asumir la continuidad de esa institución sin intervenir en las investigaciones ni en la marcha de una auditoría.
Por otra parte, si de coherencia en los actos se habla, debería hacerse público tanto la trayectoria profesional del interventor como su situación patrimonial actual. Como así también su situación de cumplimiento bancario personal y ante los organismos estatales de recaudación fiscal. Para , una vez terminada su actuación, demostrar que su intervención no tuvo incidencia en su patrimonio personal ni en el de la institución intervenida.
Además es evidente, que el funcionamiento de dicha cooperativa ha sido exitosa hasta la fecha. La misma ha reinvertido el superávit que ha declarado, destinándolos a mejorar sus bienes y prestando los servicios que ofrece no solo con eficiencia, sino compitiendo exitosamente con las grandes empresas transnacionales que brindan similares actividades, y que la ven como competidora en sus beneficios.
Por las razones expuestas nos preocupa que el actual interventor termine por acción o desconocimiento con la vida de la cooperativa abriendo las puertas a las multinacionales cerealeras y portuarias que pueden poner en peligro a su vez, los derechos y los ingresos de los trabajadores e incrementar aún más la concentración económica en manos de las grandes empresas transnacionales y de Buenos Aires en detrimento de la región. Como así también de los trabajadores de la Cooperativa, vecinos, comerciantes, empresarios y prestadores de servicios del cordón industrial de la zona. Ya que los ingresos de esa institución por su carácter cooperativo y su conformación, se redistribuyen precisamente en sus inmediaciones significando un fuerte elemento de actividad comercial para la sociedad del lugar que beneficia a todos sus sectores.
Por lo tanto, si esos ingresos quedaran en manos de las grandes empresas porteñas o las transnacionales, los beneficios solo servirían para Buenos Aires o para ser girados al exterior, hundiendo la actividad social y comercial de la franja portuaria alrededor de San Lorenzo y sus poblaciones aledañas, deteriorando la calidad de vida de sus vecinos.
