En Villa Gobernador Gálvez, ciudad de pasados industriales y presentes fragmentados, donde el Estado llega a veces con torpeza y otras con marketing, hay una deuda que no entra en los discursos oficiales ni en los actos protocolares. Es una deuda silenciosa, pero persistente: la del edificio propio para el Instituto Superior de Formación Docente N° 24.
Desde hace más de una década, la comunidad educativa de este instituto camina por los márgenes de la estructura estatal. No tienen sede propia. No tienen bancos. No tienen aulas fijas. Dan clases en edificios ajenos, según disponibilidad. Se trasladan como nómades pedagógicos, de escuela en escuela, como si formar docentes no fuera prioridad sino accidente.
Mientras tanto, el sistema político —local, provincial, nacional— hace equilibrio entre la indiferencia y la condescendencia. Los estudiantes del Instituto 24 se han convertido, sin quererlo, en una postal incómoda: una que no sirve para cortar cintas ni para inaugurar obras. La educación, en estos casos, se vuelve una promesa sin tierra, como esas casas dibujadas en planos que nunca se construyen.
La comunidad educativa del Instituto 24 —en su gran mayoría, jóvenes de barrios humildes que apuestan a la educación como vía de ascenso— no tiene ni siquiera garantizado el banco, el lugar para estudiar.
Muchos deben viajar a Rosario para tomar clases en horarios nocturnos. Lo hacen con colectivos que no siempre pasan, con combinaciones largas, gastando lo que no tienen, y exponiéndose a condiciones de inseguridad cada vez más frecuentes. La decisión de estudiar, en este contexto, es casi un acto de rebeldía.
Paradójicamente, mientras eso sucede, el Estado provincial celebra aperturas edilicias en zonas de alto crecimiento inmobiliario, donde el metro cuadrado se cotiza en dólares.
Escuelas en lugares donde la demanda educativa es importante, pero donde también se concentra el electorado de clase media al que las campañas políticas suelen mimar con especial atención. En cambio, en Villa Gobernador Gálvez, los recursos no llegan con la misma celeridad. Hay una lentitud estructural, una postergación sistemática, una espera que ya no se mide en meses sino en generaciones.
El Ministro de Educación de la Provincia José Goity, tan presente en los medios cuando se trata de disciplinar a los gremios, no ha mostrado hasta ahora un compromiso explícito con este caso. No ha habido visitas, anuncios ni respuestas públicas sobre el futuro del Instituto 24. Y en política, la falta de gestos también comunica.
Y cuando el Estado aparece, lo hace con respuestas menores, ineficientes y burocráticas. El FAE —esa estructura que debería apuntalar las condiciones edilicias de las escuelas— se limita a remendar techos, cambiar vidrios, pintar muros en escuelas ya colapsadas. Con algunos recursos y administrado por políticos de eterna carrera en el Estado, pero de pocos votos, el FAE que se volvió una oficina de parches: apenas un respirador de emergencia para un sistema que pide cirugía.
Pero lo más inquietante es que la desidia también encontró eco puertas adentro. Accedimos a información que indica que la conducción del Instituto no sólo no acompañó el justo reclamo estudiantil, sino que habría cerrado las puertas físicas y simbólicas a la movilización. Una postura que hiere no sólo el vínculo pedagógico, sino la integridad de lo que se supone es una comunidad educativa.
La escuela no es sólo un lugar donde se enseña, sino donde se construye ciudadanía. Negarles a los estudiantes el derecho a la protesta es amputar el espíritu crítico que toda formación docente debería fomentar. Es enseñar sumisión cuando se debería enseñar libertad.
Los estudiantes no piden privilegios. No exigen tratos especiales. Quieren lo que en otros lugares se da por sentado: estudiar en condiciones mínimas de dignidad. Quieren un aula, una silla, una ventana. Quieren dejar de correr detrás del colectivo a las 22:30 para volver a casa desde Rosario después de cursar. Quieren ser docentes. Quieren progresar.
La diferencia entre tener o no tener un edificio escolar no es menor. Marca trayectorias, define futuros, construye ciudadanía. Por eso, mientras en otras localidades se sacan fotos con tijeras doradas cortando cintas, en Villa Gobernador Gálvez hay una comunidad que sigue esperando una obra que no llega, y que, a esta altura, parece más una deuda moral que una cuestión presupuestaria.
La pregunta, entonces, no es por qué no se construyó aún. La pregunta es: ¿cuántos años más de esfuerzo, paciencia y lucha silenciosa deben acumular estos estudiantes para que la política mire donde realmente hace falta?
Tal vez la pregunta más incómoda sea esta: ¿qué representa para el poder político un estudiante del Instituto 24? ¿Un sujeto transformador o una estadística menor? ¿Un futuro maestro o un gasto a demorar?
En algún momento, alguien deberá responder.
SEBASTIÁN REPETTO – EDITOR DE 12NOTICIAS.TV
