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Del Frade tiene en la mira al Presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Biaggioni

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El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade presentó ayer cuatro pedidos de informe: sobre la muerte del estibador muerto en Terminal Puerto Rosario; sobre el presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Marcos Biaggioni; sobre la designación del llamado director obrero del Ente Administrador Puerto Santa Fe, a través de un gremio con un solo afiliado en ese lugar; sobre una amenaza “narcopolicial” en un barrio de Fray Luis Beltrán; y sobre los casos de chicos con parásitos en Barrio El Pozo en Santa Fe. Asimismo, realizó un proyecto de declaración en solidaridad con los periodistas del sitio “Edición Límite”, tres veces hackeado en los últimos días por publicar los hechos oscuros del titular del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Presidente del Tribunal de Cuentas

En primer lugar, solicita al Ministerio de Economía, la Secretaría de Hábitat y el Tribunal de Cuentas que informen sobre distintos hechos que tuvieron repercusión pública en las últimas semanas, en torno a la figura de uno de los titulares del mencionado Tribunal de Cuentas, Oscar Marcos Biagioni. Los puntos a responder son los siguientes: si el Ministerio de Economía puede dar constancia si la señora Marta Roldán se convirtió en trabajadora de planta a partir del año 1988; si la Secretaría de Hábitat de la provincia puede constatar que en ese año se otorgó una vivienda FONAVI a la señora Roldán sin haberse inscripto en ningún registro pero que, de repente, apareció como primera en el sorteo; y si el Tribunal de Cuentas, dada la repercusión pública que tomaron las denuncias sobre las actitudes del contador Oscar Marcos Biagioni de abandonar a una persona atropellada en la vía pública en el año 1986, puede dar una explicación al respecto ya que se trata de una persona con función pública y en un órgano que necesita un patrón de ética que no merezca cuestionamientos tan graves.

“Los hechos públicos que comprometen la honorabilidad y la ética de funcionarios públicos deben ser explicados públicamente. Es un principio de ética pública, indispensable para sustentar cualquier práctica basada en la transparencia de los procederes de los órganos del estado”, destacó Del Frade.

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