Cristina Kirchner insistió con su reclamo en la Justicia para que se le restituya una de las asignaciones especiales que percibía del Estado.
En 2016, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, firmó una resolución en la que intimó a la ex presidenta a “optar” por una de las dos jubilaciones que percibía, una de ellas por el fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner.
En diciembre de ese año, el Gobierno así lo dispuso y la actual senadora de Unidad Ciudadana dejó de percibir una de las dos jubilaciones y sólo se quedó con la que cobra como ex jefa de Estado, sobre la cual también pesa el descuento por el impuesto a las Ganancias.
En abril de 2017, Cristina Kirchner no resignó lo que cree que le corresponde y pidió la nulidad de la resolución que suspendió el pago.
La demanda de la ex mandataria contra la cartera de Desarrollo Social, sostiene que se trata de un “ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente del Poder Ejecutivo” la suspensión del pago. Y la enmarca en la la ya clásica denuncia depersecución “política, judicial y mediática”, a la cual se suma, con la decisión de suspender dicho pago.
Y advierte que de no conseguir una respuesta favorable, recurrirá organismos judiciales internacionales
El beneficio vitalicio de ex presidenta le había sido otorgado también mediante una resolución de Desarrollo Social, pero cuando la titular era su cuñada Alicia Kirchner, quien lo firmó en 2015, poco antes de la salida del poder.
Desde el Estado defendieron la resolución firmada por Stanley y argumentan que tan sólo se trató de la suspensión de una norma con un “defectuoso cumplimiento”.
Cabe recordar que la Justicia les embargó todas las cuentas y sus bienes a la familia Kirchner. Por las causas judiciales que recaen sobre la ex Presidenta, además de Máximo y Florencia tienen todas sus propiedades embargadas. Sus cuentas están congeladas, algunas de sus empresas están intervenidas y otras tienen veedores judiciales y deudas con la AFIP. Todos los bienes embargados quedarán a disposición del organismo de bienes del Estado y se les podría dar un “fin social”.
