Redacción 12noticias.tv
En Villa Gobernador Gálvez, el uso de los espacios públicos no es una cuestión de voluntarismo político, sino de cumplimiento normativo. La Ordenanza Tributaria 2026 es el contrato que rige la relación entre el municipio y el ciudadano; un documento que establece costos precisos para el uso de nuestra mayor gema: el Parque Regional. Sin embargo, la reciente utilización del predio para la realización de su campamento de juventudes por parte del Socialismo ha puesto bajo la lupa si ese contrato se aplica con la misma vara para todos o si la política tiene un pase libre que el vecino común no disfruta.
La pregunta que hoy recorre la ciudad no es de tinte ideológico, sino estrictamente administrativo: ¿Pagaron los organizadores el canon que marca la ordenanza, tal como lo haría cualquier vecino?
Para este ejercicio fiscal, la Unidad Tributaria Municipal (UTM) se fijó en $3.000. Según el tarifario que el intendente Alberto Ricci defiende para equilibrar las cuentas locales, cualquier institución, club de barrio o grupo de particulares que pretenda el uso de sectores, salones y servicios de acampe debe enfrentar costos claros:
Ingreso y uso de instalaciones: La ordenanza estipula aranceles por persona y por el uso de servicios básicos (agua, energía, sanitarios).
Alquiler de Salones: El canon para eventos de esta escala es de 150 UTM por jornada (aproximadamente $450.000 diarios).
Logística Extra: La limpieza intensiva y la seguridad adicional para cientos de personas durante 72 horas representan un gasto operativo real que sale del presupuesto municipal.
El interrogante es concreto: ¿Existe un comprobante de pago por cada joven que ingresó y por cada sector utilizado para su campamento de juventudes, o el Socialismo gozó de una "tarifa cero" inaccesible para el resto de los villagalvenses?
Cuando el municipio dispone de la infraestructura que mantienen los contribuyentes locales para una actividad partidaria sin cobrar los aranceles correspondientes, se produce un perjuicio fiscal. No se trata de "ceder el lugar"; se trata de un subsidio indirecto financiado con la Tasa General de Inmuebles (TGI) que paga el frentista de a pie.
Es una contradicción técnica y ética exigirle cumplimiento tributario al pequeño comerciante local, mientras se le otorgaría una "zona de excepción" impositiva a la estructura política del propio intendente. El Parque Regional requiere una inversión constante para su preservación; cada evento que no paga su canon como cualquier vecino es dinero que se le resta al bacheo, a la iluminación o a los servicios básicos de los barrios de nuestra ciudad.
La transparencia en la gestión pública no se declama en los escenarios; se demuestra con el ticket de pago. Para despejar cualquier sospecha de uso discrecional de los recursos públicos, el Ejecutivo municipal debería hacer público el ingreso de fondos correspondiente al uso del Parque durante los días del evento.
En un 2026 donde cada peso de la recaudación local es vital, Villa Gobernador Gálvez no puede permitir que la realización de un campamento de juventudes partidario sea una carga para el contribuyente. Si el Socialismo quiere mostrar fuerza en el territorio, debe hacerlo cumpliendo con las mismas cargas que cualquier hijo de vecino. De lo contrario, el mensaje es peligroso: que en nuestra ciudad las ordenanzas son para los ciudadanos, pero las excepciones son para quienes ostentan el poder.
