Redacción 12noticias.tv
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional, volvió a encender una señal de alerta para la Argentina. Con 36 puntos sobre 100 y una ubicación en el puesto 104 entre 182 países, el país consolida una trayectoria descendente que difícilmente pueda atribuirse a un error metodológico o a un episodio aislado. Lo que el índice refleja es algo más profundo: un deterioro persistente de la confianza en la integridad del sector público y en la calidad de las instituciones encargadas de controlarlo.
El dato no es solo negativo en términos comparativos. Interpela de lleno uno de los supuestos más difundidos en los últimos años en el debate público: la idea de que la corrupción puede erradicarse simplemente eliminando determinados ámbitos de acción estatal, en particular la obra pública. Bajo ese enfoque, la reducción drástica de ciertas políticas no fue presentada únicamente como una decisión fiscal, sino también como una estrategia anticorrupción en sí misma.
El IPC 2025 introduce, sin embargo, una contradicción difícil de soslayar. Durante 2024 y buena parte de 2025, la obra pública nacional estuvo prácticamente paralizada. Aun así, la percepción de la corrupción empeoró. Si la corrupción fuera un fenómeno casi exclusivamente asociado a ese rubro, el indicador debería haber mostrado, como mínimo, una mejora. No ocurrió.
La razón es conocida por quienes estudian el tema desde hace décadas: el IPC no mide causas judiciales, montos de contratos ni volumen de gasto, sino percepciones informadas de expertos, inversores y analistas sobre la integridad del funcionamiento estatal. Lo que evalúa no es cuánto Estado hay, sino cómo funciona. Y lo que está señalando es que la corrupción no desaparece por sustracción, sino por construcción institucional.
Reducir la corrupción a la obra pública implica una mirada excesivamente simplificada de un fenómeno mucho más amplio. La evidencia comparada muestra que las prácticas corruptas se nutren de regulaciones discrecionales, controles débiles, organismos de integridad sin autonomía real, conflictos de interés mal gestionados, opacidad en la toma de decisiones administrativas y burocracias sin incentivos claros de profesionalización. Ninguno de esos problemas se resuelve automáticamente cerrando una ventanilla.
La experiencia internacional es elocuente. Los países con mejor desempeño en el IPC no eliminaron la obra pública ni achicaron el Estado hasta hacerlo irrelevante. Hicieron algo más complejo y menos visible: establecieron reglas claras, sistemas de compras transparentes, trazabilidad de los procesos, órganos de control con capacidades reales y marcos de responsabilidad exigibles. Allí donde hay planificación, controles y profesionalismo, la obra pública no es sinónimo de corrupción, sino de desarrollo.
Un factor frecuentemente subestimado en este debate es el rol de la dirección pública profesional. La evidencia comparada muestra que los Estados con mejores resultados en materia de integridad no solo cuentan con normas y organismos de control, sino con cuerpos directivos estables, profesionalizados y seleccionados por mérito. Allí donde las decisiones administrativas clave descansan en funcionarios con trayectoria, incentivos claros y responsabilidad técnica, la discrecionalidad política encuentra límites más efectivos.
En la Argentina, por el contrario, la debilidad de una dirección pública profesionalizada amplifica los riesgos de corrupción. La rotación permanente de cuadros directivos, las designaciones basadas en lealtades coyunturales y la falta de carreras directivas erosionan la memoria institucional, debilitan los controles internos y generan zonas grises propicias para prácticas opacas. Sin funcionarios con capacidad y autonomía para decir que no, incluso los mejores marcos normativos se vuelven papel mojado.
La corrupción no prospera solo donde hay recursos; prospera donde no hay contrapesos técnicos. Un Estado sin dirección pública profesional no solo es menos eficiente: es más vulnerable a la captura, al conflicto de interés y a la informalidad decisoria. Por eso, fortalecer la alta función pública no es una reforma administrativa menor, sino una política anticorrupción estructural.
El retroceso argentino también se entiende mejor cuando se observa la tendencia de la última década. Con la excepción del período 2017–2019, el país muestra un recorrido mayormente descendente, con un agravante: desde 2019 en adelante, la caída fue sostenida. En términos regionales, Argentina quedó rezagada frente a países que lograron sostener estándares más estables de integridad, como Uruguay o Chile, y se ubica por debajo del promedio latinoamericano. El problema, entonces, no es solo regional; es institucional.
A esto se suma una percepción extendida de debilitamiento de los órganos de control. La pérdida de autonomía, estabilidad o capacidad operativa, las señales de menor transparencia y la baja cooperación con mecanismos de rendición de cuentas alimentan la idea de tolerancia frente a irregularidades. El deterioro del acceso a la información pública reduce el control ciudadano y periodístico, mientras que la percepción de conflictos de interés y de captura del Estado por actores cercanos al poder erosiona la confianza en la imparcialidad de las decisiones.
El IPC no reacciona ante un solo hecho. Registra patrones. Y esos patrones también aparecen en otros indicadores. Las encuestas de Latinobarómetro sobre confianza en el gobierno y en la justicia muestran, desde hace años, cifras preocupantes. No se trata de un problema de imagen coyuntural, sino de un déficit estructural de credibilidad institucional.
¿Por qué importa revertir esta tendencia? Porque la corrupción no es solo una cuestión ética o reputacional. Tiene consecuencias económicas directas. Numerosos estudios muestran que mayores niveles de corrupción se asocian con mayor riesgo soberano, menor inversión productiva, acceso más caro al crédito y menor crecimiento de largo plazo. La desconfianza institucional encarece el financiamiento, desalienta proyectos y distorsiona la asignación de recursos.
Por eso, enfrentar la corrupción requiere algo más que gestos simbólicos o discursos contundentes. Exige una estrategia nacional anticorrupción creíble, con metas, indicadores y continuidad en el tiempo. Una política de Estado que trascienda gobiernos y se base en el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Eso implica, como mínimo, blindar la autonomía real de los organismos de control, garantizar estabilidad en sus conducciones y proteger sus presupuestos del ciclo político. Supone reforzar la prevención de conflictos de interés, con reglas claras y verificables, y avanzar en una transparencia integral de la contratación pública, no solo en la adjudicación, sino también en la ejecución. Requiere, además, involucrar al sector privado en compromisos verificables de integridad y competencia leal, reconociendo que la corrupción es un fenómeno relacional, no exclusivo del Estado.
La lección del IPC 2025 es clara: menos Estado mal organizado no equivale automáticamente a más integridad. Sin instituciones sólidas, incluso la ausencia de políticas públicas puede convertirse en otra forma de opacidad. La lucha contra la corrupción no se gana por eliminación, sino por diseño. No por relato, sino por reglas de juego estables que devuelvan previsibilidad, confianza e inversión.
