Por medio de un DNU, derogó 19 leyes y modificó otras 140 para “simplificar” las operaciones del Estado. Los detalles, en esta nota.
Por medio de un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno oficializó hoy la derogación de 19 leyes y modificó otras 140, para “simplificar” las operaciones del Estado y así terminar con “los trámites excesivos”.
El DNU, de 192 artículos, “plantea la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial”, según la Casa Rosada.
Entre otras medidas, el decreto autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS a realizar operaciones financieras como la creación de fideicomisos; además, deroga la ley de Abastecimiento de 1952, que entre otras cosas preveía que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la producción agropecuaria.
Asimismo, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El DNU elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN) creado en 1972 que tiene solamente a 1.700 empresas de las más de 110 mil que hay en el país.
También se simplificaron los trámites y la intervención estatal ante artistas, galeristas y otros exportadores e importadores para la circulación de obras de arte. Se derogaron más de 50 normas del Servicio de Seguridad Animal (SENASA) que ya no se aplican o no tienen utilidad, y que datan de entre 1888 y 1898.
Se estableció que las licitaciones de obra pública en adelante solamente serán publicadas en el Boletín Oficial nacional, eliminando esa obligación para esos organismos provinciales o municipales. A través del DNU, el Poder Ejecutivo resaltó que el proceso de simplificación “debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que tenga por fin la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad económica”.
“Los trámites excesivos impuestos a los ciudadanos constituyen barreras burocráticas que afectan al desarrollo productivo. La falta de claridad y transparencia en los procedimientos administrativos puede conllevar a arbitrariedades y discrecionalidades, al grado tal que sea una puerta a la corrupción y afecte el Estado de Derecho”, añadió.
Por tal motivo, indicó que “habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”.
