El proyecto de ordenanza lo presentaron los ediles Carlos Cardozo, de Unión PRO Federal y Diego Giuliano, de Rosario Federal.
Sostienen los concejales que “en caso de cese de prestación de servicios por parte de la Municipalidad de Rosario, se declare, con aprobación del Concejo Municipal o por decreto del Departamento Ejecutivo, en caso de receso del cuerpo legislativo, la emergencia urbana en el área en donde se haya comprobado fehacientemente el perjuicio a los ciudadanos por prestaciones deficitarias que hubiesen correspondido a la Municipalidad de Rosario”.
Precisan los ediles Cardozo y Giuliano que “la declaración de emergencia urbana en un perímetro claramente delimitado supondrá la eximición del pago de la tasa general de inmuebles (TGI) por el término de 90 ddías, prorrogables a un período idéntico por determinación del Concejo Municipal en caso de no haberse restablecido la prestación del servicio no efectivizado en el primer término de la emergencia”.
“Los acontecimientos sucedidos en los últimos días son producto de un deficiente plan de obras por parte de la Municipalidad de Rosario, ya que la misma administración reconoció en público que en caso de estar ejecutado el Conducto Vera Mujica las consecuencias de la precipitación del pasado martes podrían haber sido mucho menores: no hay otro responsable por la falta de construcción de esa obra que la gestión que administra la ciudad desde hace 27 años” afirman los concejales.
Más adelante manifiestan que: “Si un ciudadano, una empresa, una organización civil o cualquier contribuyente viola las normas vigentes, el estado tiene la potestad de aplicar una multa mediante la cual se penaliza al infractor: cuando es el estado el que incumple con sus funciones y misiones básicas, ¿ cuál es la compensación que recibe por tal falta?”.
Igualmente los ediles Cardozo y Giuliano destacan que “existe la figura de declaración de emergencia y/o desastre para las zonas rurales en caso de situaciones complejas, en muchos casos derivadas de la carencia de obras básicas hidraúlicas o viales, en el ámbito provincial y nacional, por ello que consideramos viable que ante una evidente falta de políticas públicas por parte del municipio, sea el Concejo Municipal el organismo con potestad para declarar la emergencia urbana, si la gravedad del caso así lo amerita”.
Indican por último los concejales que “esta propuesta queda abierta a la opinión de los diversos bloques que integran el Concejo Municipal y, obviamente, del Departamento Ejecutivo para su definitiva redacción, así como a las propuestas que puedan acercar vecinales de la ciudad, a los efectos de lograr una normativa que proteja al vecino y no sea una herramienta que pueda utilizarse de manera excesiva o arbitraria”.
