El pedido refiere específicamente a la novena cláusula del acuerdo que el gobernador Miguel Lifschitz firmo junto a Patricia Bulrrich luego de varias idas y vueltas y fervorosas negociaciones.
Movilización tras la muerte de Francisco Quintana en la ciudad de Casilda bajo la consigna “Ni un pibe menos x la droga”
En dicho apartado se acordó que el Comité de Seguridad previsto en la primera cláusula del convenio “acuerda también un trabajo conjunto entre las SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) y APRECOD (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas de la Provincia de Santa Fe) y otros organismos nacionales y provinciales necesarios para hacer frente a la tarea a desarrollar”.
Ante esto la legisladora plantea una primera duda en torno a la incumbencia y el encuadre que se le da a una problemática como las adicciones que en el último tiempo se ha agravado en la provincia. (ver informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre adicciones en Santa Fe)
“Entendemos que la inclusión tanto de la APRECOD como del SEDRONAR en un acuerdo vinculado a la seguridad expresa una concepción del problema de las adicciones alejada del paradigma de encuadrarlo como un problema social y de salud, de esta manera están relacionando directamente el consumo con el delito y eso es un prejuicio. Estamos convencidos que a partir de ese encuadre se nubla la posibilidad de abordarlo desde la perspectiva necesaria. Perspectiva que por otro lado expresa entre sus objetivos, a la hora de su creación, la agencia provincial”, expresó Meier.
Según el mismo gobernador expresaba en la presentación de la APRECOD en marzo de este año, entre los objetivos más importantes, el organismo tendrá a su cargo, -de manera integral, intersectorial, intergubernamental e interdisciplinaria-, la promoción del cuidado y de estilos de vida saludables y la prevención en casos de alta vulnerabilidad, hasta el tratamiento de personas que lo necesiten, como su integración social y posterior reinserción. Incluso se aclaraba en aquella ocasión que también abordará a la adicción problemática como una cuestión social y no solamente desde la salud mental, a partir de un trabajo articulado entre los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Justicia y Derechos Humanos, Innovación y Cultura y Desarrollo Social.
Nada hacía pensar que sería parte de las discusiones de seguridad, que hoy se llevan gran parte de la agenda política y mediática de la provincia.
El pedido de la compañera de banca de Carlos Del Frade también apunta a conocer con que diagnósticos y herramientas cuenta la recientemente creada agencia provincial.
“No se han hecho públicos por parte de los organismos provinciales correspondientes los resultados, si es que las hay, de las evaluaciones y diagnósticos que la agencia a cargo de la Dra. Liborio ha desarrollado para planificar las acciones de su área, así como el presupuesto que cuenta para llevar adelante las mismas”, asegura Mercedes Meier, quien solicita también se dé a conocer “el plan de acción del área”.
