El diputado del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, presentó un proyecto para la creación de un programa provincial de reparación integral de víctimas de violencia institucional que hayan sufrido tortura, tratos crueles, desaparición forzadas, y/o ejecuciones extralegales.
El proyecto pretende proveer una reparación real, atendiendo a las particularidades de este tipo de violencia ejercida por las propias fuerzas del Estado.
“Durante 2015, se han relevado un total provincial de 503 víctimas de violaciones a los derechos humanos (agresiones físicas, psicológicas y/o demás afectaciones), de las cuales el 95% son varones. La mayor proporción de hechos se dan en la vía pública, seguido por la comisaría. Los jóvenes entre 19 y 28 años son las principales víctimas”, sostuvo el Diputado. Y agregó: “El Programa Provincial contará con plena autonomía funcional, independencia política y autarquía financiera. Estos principios constituyen un piso básico y primordial para garantizar asistencia y protección efectiva y que no se vea amenazada por la incompatibilidad de intereses cuando la asistencia queda en manos del mismo Poder cuyo accionar está siendo cuestionado”.
El programa tendrá dos funciones fundamentales: por un lado, acompañamiento y asistencia, contener y asistir a los destinatarios del programa; asistencia jurídica (incluida la posibilidad de representación legal actuando como querellante); médica y psicológica; social (en material habitacional, laboral, educativa, y en general, en la gestión de trámites derivados del hecho de victimización); reparación simbólica; indemnización; y medidas para la no repetición (para que no continúen ni se extiendan las violaciones). Por otro lado, de protección, brindar condiciones especiales para preservar la vida, la libertad, integridad física y/o bienes de las personas comprendidas en el Programa.
Está dirigido a las personas que hayan sufrido o se encuentren en riesgo inminente de sufrir tortura, tratos y/o penas crueles, inhumanos o degradantes; desapariciones forzadas; y/o ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Se incluye además a los familiares o personas a cargo que tengan una relación inmediata con la víctima y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Cabe destacar que Santa Fe es la provincia con mayor porcentaje de casos de represión estatal por millón de habitantes conforme al Censo 2010, según el informe Antirrepresivo 2015 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
