En medio de un panorama político y social convulsionado, una institución que debería ser un baluarte en la defensa de los derechos y la lucha contra la discriminación en Argentina se encuentra en el ojo del huracán. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) enfrenta un creciente desprestigio, cuestionado por su ineficacia, falta de transparencia y supuestas prácticas irregulares.
Fundado en el año 1995 con el objetivo de promover políticas públicas inclusivas y combatir la discriminación en todas sus formas, el INADI ha sido objeto de críticas constantes en los últimos años. A pesar de contar con un marco legal sólido y recibir un presupuesto considerable, su actuación ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil y la clase política.
Uno de los principales motivos de preocupación es la aparente falta de respuesta a las denuncias de discriminación. Ciudadanos y organizaciones que han acudido al INADI en busca de amparo y justicia han manifestado sentirse desamparados, enfrentando largas esperas, trámites engorrosos y en muchos casos, una total falta de seguimiento a sus casos.
Otro aspecto que ha contribuido al desprestigio del INADI es la opacidad en su gestión y la falta de rendición de cuentas. A lo largo de los años, se han señalado irregularidades en la asignación de fondos, nepotismo en la designación de personal y una escasa fiscalización de sus actividades. Estas prácticas han minado la confianza en la institución y generado dudas sobre su verdadero compromiso con la causa que dice representar.
El cambio de gobierno no ha traído consigo mejoras sustanciales en la situación del INADI. Si bien se han anunciado reformas y promesas de renovación, hasta el momento no se han traducido en resultados tangibles. La falta de una política clara y sostenida en materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación ha dejado al descubierto las debilidades estructurales de la institución.
Ante este panorama, resulta imperativo que se tomen medidas concretas para reivindicar el rol del INADI y restaurar la confianza en su labor. Esto incluye una revisión profunda de su funcionamiento interno, la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como una mayor coordinación con otros organismos y la sociedad civil.
La lucha contra la discriminación es un desafío que concierne a toda la sociedad argentina, y el INADI debe estar a la altura de las circunstancias. Es necesario recuperar su legitimidad y capacidad de acción, para que pueda cumplir con su misión de garantizar un país más inclusivo y justo para todos sus habitantes. En última instancia, el verdadero prestigio del INADI no radica en sus palabras, sino en sus acciones y resultados concretos en la protección de los derechos humanos de quienes más lo necesitan.
