El Ejecutivo chileno anunciará de manera inminente la derogación de un decreto ley aprobado en plena dictadura de Augusto Pinochet, iniciada hace 41 años, que otorgaba impunidad a los agentes del régimen.
Esta decisión, confirmada por fuentes oficiales, será anunciada públicamente por los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la Presidencia, Ximena Rincón.
La derogación del decreto ley de amnistía fue una de las promesas electorales de Michelle Bachelet, quien asumió en marzo como presidenta de Chile, un cargo que ya había ejercido en el período 2006-2010.
“La presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va estar en el Ministerio de Justicia y que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan de derechos humanos que explique el conocimiento de estos derechos en el país”, señaló el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
En un breve encuentro con la prensa, Gómez añadió que lo importante para el gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el parlamento, y que será la comisión pertinente quien le pondrá los tiempos.
El ministro afirmó que la idea es adecuar la legislación chilena a la legislación internacional, “lo que no hace un cambio muy de fondo a lo que hacen los tribunales chilenos a la fecha”, aseveró.
La derogación de esta norma, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, se hará aplicando suma urgencia a la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Alejandro Navarro, con lo que podría estar lista antes que acabe este mes.
A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en noviembre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la ley de amnistía, que contraviene la legislación internacional.
Sin embargo, los familiares de las víctimas de la dictadura consideran su mera existencia, aunque simbólica, como una afrenta.
El artículo 1º del decreto señala: “Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o condenadas”.
El Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular del decreto ley de amnistía y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido.
El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte.
