Tuvo aprobación por mayoría en el plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto. Establece facilidades económicas para que las personas en edad de jubilarse puedan obtener el beneficio previsional que marca la ley.
El Frente para la Victoria consiguió ayer darle dictamen a la nueva moratoria previsional enviada por el Poder Ejecutivo, la que será tratada el próximo 27 en el recinto de la Cámara de Diputados.
El proyecto que fue aprobado por unanimidad en el Senado probablemente corra la misma suerte en la Cámara Baja ya que el dictamen cosechó las firmas de todos los bloques con apenas tres disidencias aportadas por Federico Sturzenegger, Néstor Pitrola y Jorge Riccardo. El único que presentó un dictamen en minoría fue el ex ministro de Economía del kirchnerismo y diputado del FAUNEN, Martín Lousteau, que de esta manera no sólo se diferencia del oficialismo sino también del resto de la oposición y de su propio bloque.
El titular de ANSES, Diego Bossio, fue el encargado de defender ante el plenario de Comisiones el proyecto que contempla la implementación de la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional a través de la regularización de las deudas de trabajadores autónomos y monotributistas, y que está dirigido a toda persona que, habiendo cumplido la edad jubilatoria o que la cumpliera en los dos años de vigencia de la norma, tenga que regularizar sus aportes hasta diciembre de 2003.
En su exposición ante los legisladores Bossio, que estuvo flanqueado por la jefa del bloque del FPV, Juliana Di Tullio, y los presidentes de las comisiones de Previsión, Juan Carlos Roig (FPV), y de Presupuesto, Roberto Feletti (FPV), destacó el proceso de transformación que permitió la ampliación de la tasa de cobertura y especificó que de los nuevos beneficiarios el 73% son mujeres y el 27% son hombres.
Bossio recordó que los futuros jubilados no tendrán un ingreso igual que aquellos que realizaron sus aportes “sin necesidad de recurrir a una moratoria” y precisó que para acceder a la jubilación tendrán que adherirse a la moratoria para completar los 30 años de aportes que se podrá pagar en 60 cuotas con un monto promedio de 738 pesos.
A lo largo de su informe, el funcionario aseguró que se tomarán medidas para “evitar abusos” de personas que pueden pagar sus aportes por el sistema vigente y adelantó que el sistema para adherirse a la moratoria “será sencillo” para evitar la intervención de gestores y abogados.
Por su parte, el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, presente en el plenario para abrir el debate, destacó que “con esta moratoria previsional el Estado hace justicia, construye igualdad” y detalló: “Todavía nos quedan casi 500 mil personas que no tienen acceso al sistema previsional, y aspiramos a tener un sistema de cobertura para cada argentino”.
Desde el Frente Renovador, Mirta Tundis manifestó su apoyo a la iniciativa y coincidió con Bossio al expresarse “en contra de los gestores que por hacer el trámite de jubilación les quitan plata a la gente”. A favor del proyecto, aunque exponiendo también algunas diferencias parciales, se expresaron los diputados Eduardo Santín (UCR); Margarita Stolbizer (GEN) y Alicia Ciciliani (Socialista).
Plan de hasta 60 cuotas
La nueva moratoria impulsada por el gobierno implementa la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, que comenzó en 2005.
En este caso, la norma está destinada a los autónomos y monotributistas que tengan o alcancen la edad jubilatoria en los dos años de vigencia que tiene la norma y tengan que regularizar aportes hasta diciembre del año 2003.
El proyecto precisa que la última moratoria incluyó a “1.701.933 adultos mayores” y que “elevó un 30% la tasa de cobertura previsional en pocos años”, pasando del 63,6% en 2002 al 93,8% en 2013.
Asimismo, establece que “el plan de pagos es abonable hasta en 60 cuotas, que se actualizarán por movilidad jubilatoria con el fin de mantener el porcentaje de pago mensual con relación al haber mensual evitar el desfinanciamiento”. La prestación, a su vez, es incompatible con “una prestación previsional contributiva de cualquier nivel de gobierno o pensión no contributiva o plan social, salvo que se trate de una prestación previsional mínima”.
