El PPS manifiesta su completo y rotundo rechazo al proyecto de ley de reforma laboral enviado al Congreso de la Nación por el gobierno neoliberal del presidente Mauricio Macri. Tal posición se debe a que con dicho proyecto legislativo se pretende legalizar la precariedad laboral y eliminar y restringir derechos que los trabajadores han sabido ganarse a fuerza de décadas de luchas y que son derechos humanos fundamentales que hacen a la dignidad e igualdad material de las personas.
Con el pretexto de un supuesto “blanqueo” laboral, que de forma infame se promociona como beneficioso para los trabajadores, el proyecto encubre una restricción gravísima a los derechos de los asalariados. Lejos de favorecer la registración laboral, al eliminar las multas por trabajo en negro en favor del dependiente, el proyecto de Cambiemos beneficia a los empresarios, reduciendo el monto de dichas indemnizaciones y facilitando la evasión a las mismas.
Bajo el lema “desmontar la industria del juicio” el gobierno pretende eliminar las indemnizaciones laborales por despido, lo que pondría a los trabajadores en situación de vulnerabilidad, favorecería la contratación de corto plazo y contribuiría a la precarización de los asalariados; todo ello en beneficio de las grandes empresas, que consideran al trabajo como un simple costo de producción, comparable -para ellas- a cualquier insumo, servicio o erogación propios de su giro comercial.
Debe destacarse que el costo laboral es insignificante en comparación a las ganancias de las grandes corporaciones. Así, por ejemplo, el costo laboral de un tractor no alcanza al 5% de su valor de venta; el de la leche es de apenas $1 por litro –cuando éste se vende a más de $20 en los supermercados-.
Con la reforma, no sólo se busca la implementación de un régimen similar al que poseen los empleados de la UOCRA –aunque aún más perjudicial para los trabajadores-, donde las indemnizaciones por despidos son suplidas por un magro fondo de desempleo, sino que se pretende eliminar responsabilidades solidarias que fueron incorporadas a la legislación laboral para asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, se quieren reducir las indemnizaciones de aquellos asalariados cuyos gremios no pacten con el estado de derecha y achicar el plazo de prescripción de las acciones laborales.
Por otro lado, de aprobarse el proyecto, los trabajadores “monotributistas” (trabajadores en negro obligados a simular una relación de servicio) serán excluidos de todo beneficio laboral. Lo mismo sucederá con la nueva figura del trabajador “colaborador”, que no es otra cosa que la institucionalización y validación legal del trabajo en negro.
Desde diciembre de 2015, el gobierno nacional ha intentado profundizar las desigualdades socio-económicas que padece nuestro país, metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores y enriqueciendo a las empresas multinacionales y financieras. A modo de ejemplo cabe mencionar la ya promulgada reforma de la ley de Riesgos del Trabajo, que redujo en la práctica, de modo drástico, las indemnizaciones por accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.
Todo ello es aún más grave al ser evidente que se busca el consentimiento de los gremios por medio del apriete, la persecución y las dádivas. Desde que Mauricio Macri asumió el poder, ha sido clara la intención del gobierno nacional de debilitar y erradicar -si es posible- a las organizaciones obreras, lo que resulta inadmisible en un estado de derecho democrático y republicano.
Por todo lo dicho, nos manifestamos fervientemente en contra del proyecto de reforma de la ley de contrato de trabajo, que es un nuevo avance del neoliberalismo sobre los derechos de los sectores populares; y reivindicamos, como siempre, nuestro apoyo incondicional a los sectores más vulnerables.
La Junta Ejecutiva
Partido Progreso Social.
