El juez Ercolini lo llamó a declarar como sospechoso para el 14 de noviembre, junto con cuatro ex custodios del ex fiscal.
En un giro determinante en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, el juez Julián Ercolini llamó a indagatoria para el 14 de noviembre a Diego Lagomarsino. Está acusado de ser partícipe necesario del homicidio del entonces fiscal de la AMIA. Además, el fiscal Eduardo Taiano lo imputó por la tenencia “ilegítima” del arma Bersa calibre 22 que entregó a Nisman “a sabiendas de lo que ocurriría”, es decir: su asesinato. El técnico informático deberá utilizar tobillera electrónica con GPS, entre otras medidas restrictivas. Fueron citados a declarar también, los cuatro custodios de Nisman acusados pero por “incumplimiento de los deberes públicos” debido a las irregularidades en el ingreso del departamento de Nisman el domingo 18 de enero del 2015, tal como adelantó ayer Clarín en exclusiva.
Con 1.087 páginas el dictamen del fiscal Taiano concluyó que Diego Lagomarsino dejó de ser “facilitador” del arma con la que, según la junta interdisciplinaria de Gendarmería, fue “asesinado Alberto Nisman”, para ser una “pieza clave” en el hecho investigado. Entregó el arma calibre 22 con “pleno conocimiento de lo que ocurriría”, es decir: la muerte del entonces fiscal.
Algo está descartado para el fiscal, y es que el técnico informático no fue el autor material del homicidio de Nisman. No se pudo acreditar su intervención en el momento en el que se consumó el asesinato. Los responsables del hecho son aún “autores desconocidos”.
Pese a ello, el informático sí brindó “un auxilio o cooperación” sin el cual el delito investigado no se habría podido cometer. En otros términos, fue un “cooperador necesario” para que lleve adelante el “plan criminal” de terminar con la vida del ex titular de la UFI AMIA.
Para sostener dicha acusación, se planteó que Lagomarsino prestó una colaboración trascendental, ya que fue quien llevó la pistola “Bersa” que posteriormente, se usó para “cometer el homicidio” desechando la hipótesis inicial del expediente, donde se habló de una “muerte dudosa”.
Al reconstruir la escena y el rol de las personas intervinientes, identificas hasta ahora, se hizo énfasis en el “cómo ocurrieron” los hechos. Taiano ponderó como un vehículo facilitador, la “relación de confianza” que tenía Lagomarsino con el entonces fiscal. Nisman confiaba en pocas personas, el técnico informático, según la fiscalía, era una de ellas. Esto le permitía -entre otras cosas- “concurrir asiduamente al complejo “Le Parc” y sortear cualquier tipo de control. “Resultaba ser la persona indicada para ello”, agregó.
Por otro lado, el técnico informático -según la fiscalía-, colaboró en la etapa preparatoria del asesinato de quien fuera fiscal de AMIA, esto es, antes del comienzo de ejecución. Al analizar este escenario, se tuvo en cuenta que dentro del “plan criminal” era necesario que en el departamento de Nisman haya “una arma amiga” que permita “simular la escena de un suicidio”.
El fiscal Taiano rechazó esta tesis y avaló el informe de Gendarmería que concluyó que la muerte del ex fiscal de UFI AMIA, se trató de un homicidio, “ocurrido en el interior del baño y en el que participaron dos victimarios, uno de ellos manipuló el arma, mientras que el restante lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima” (Ver aparte). Todo habría ocurrido a las 2.46 del domingo 18 de enero de 2015. Cuatro días antes había denunciado a Cristina Kirchner de encubrimiento del atentado de la AMIA.
Lagomarsino también fue acusado por el delito de tenencia “ilegítima” del arma en cuestión, “la cual no contaba con la debida autorización legal, vencida desde abril de 2007”.
El juez Ercolini que dispuso el secreto de sumario, también llamó a indagatoria para el 20 y 21 de noviembre a los cuatro custodios de Nisman, imputados por el delito de “incumplimientos de los deberes de funcionarios público”. Se trata de de Rubén Fabián Benítez, Néstor Oscar Durán, Luis Miño y Armando Niz, quienes no “protegieron en forma debida” al entonces fiscal .
En este escenario, Ercolini para reducir “cualquier riesgo procesal” determinó que el técnico informático sea monitoreado con una tobillera electrónica con GPS.
Entre las medidas restrictivas, se le prohibió alejarse de su vivienda a más de 100 kilómetros y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado. Seguirá vigente la restricción de salida del país vigente desde 2015.
