A 40 años de la intervención y saqueo de los bienes de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, la Comisión Directiva pidió a la Justicia que declare litigiosos los terrenos de Villa Gobernador Gálvez que están en proceso de recuperación de la institución. La presentación se realizó ante la novedad de que ese municipio planea obras sobre la costa del Paraná. Se trata de 34 hectáreas que sobrevivieron a la dictadura cívico militar en 1977, y que los interventores de la democracia, en lugar de reintegrar a sus legítimos dueños, ordenaron vender en forma directa y a precio vil. En ese sentido, apuntan a que se aleja la posibilidad de recuperarlas si se las interviene con un nuevo desarrollo urbano. La comisión directiva advirtió que “hay tres proyectos, cuyos trabajos incluyen terrenos pertenecientes a Vigil”, señala el escrito presentado al juez federal Marcelo Bailaque, firmado por la presidenta de la comisión directiva, Celina Duri. El secretario, Gabriel Caciorgna, dijo que “la necesidad de cautelar los bienes tiene que ver con la existencia de un proceso de recuperación en la ribera, para lo que hicieron una ordenanza y se habilitan licitaciones y operaciones que hacen que terceras personas puedan seguir adquiriendo derechos sobre esos bienes. Nuestro compromiso es recuperar esos bienes”.
La presentación tiene que ver con “todas las medidas que tendremos que ir planteando en esta causa por los delitos económicos cometidos contra Vigil. Es compleja por la cantidad de propiedades que tenía Vigil, pero también por los modos en los que se realizó el despojo. Incluso pedimos que se haga una inspección ocular en el lugar”, señaló Caciorgna.
“40 años; 480 meses; 2.080 semanas; 14.600 días. Y aquí estamos, no nos han derrotado”, expresaron desde Vigil, a fines de febrero, en el acto de conmemoración por las cuatro décadas desde su intervención y saqueo. “No cederemos en la senda que iniciamos por ante la justicia federal, como institución querellante en la causa por delitos económicos perpetrados por la intervención cívico‑militar. Tampoco dejaremos de demandar acciones concretas de los entes públicos que indirectamente se han beneficiado del desguace patrimonial de la Vigil. En este sentido, destacamos ‑en el marco de la mentada liquidación judicial y ya en democracia‑ la espuria venta de decenas de hectáreas al municipio de Villa Gobernador Gálvez, donde se emplazaba La Colonia de Vigil y se proyectaba un barrio de viviendas sociales. Varias de esas hectáreas permanecen en la órbita del citado municipio y aspiramos a recuperarlas”, plantearon.
El saqueo y vaciamiento de la biblioteca y de sus proyectos comenzó el 25 de febrero de 1977, cuando una “comisión normalizadora” (que comenzó con Esteban Cesar Molina, capitán de corbeta; y siguió con Orlando Alvarado Socrates, Guillermo Tasada, Emilio Echen y Adolfo Villatte, padre). Ocho directivos fueron secuestrados y los bienes quedaron en manos de los militares. En 2012, el juez Bailaque ordenó abrir la investigación sobre los delitos económicos cometidos en Vigil, durante la última dictadura. El requerimiento de instrucción fue impulsado por el fiscal Gonzalo Stara.
Al cumplirse 40 años de aquel fatídico día que llevó al “genocidio cultural” del proyecto en crecimiento, la actual comisión directiva, con Celina Duri ‑hija del entonces director Augusto Duri‑ a la cabeza, expresó: “Lejos de la queja nostálgica, estamos vestidos de memoria que se mueve, hacia atrás, sí; pero también hacia adelante. Aquí está nuestra historia y nos sentimos parte de ella”. En rigor, se consideró que los delitos que sufriera la Biblioteca Vigil, tanto hacia sus miembros, como a su patrimonio, son delitos de lesa humanidad, “cometidos como parte del plan sistemático de represión ilegal impetrado por la última dictadura, por lo que se investigan en dos causas” radicadas en el juzgado de Bailaque: por los delitos contra miembros de la ex comisión directiva y por personal docente, no docente e incluso ex alumnos ‑Duri, entre ellos‑, en el marco de la megacausa Videla (ex Feced); mientras que los delitos económicos dieron origen a la otra causa.
La entidad fue saqueada a través de la liquidación de sus bienes, quema libros y la destrucción total la biblioteca. En medio de esa mecánica, hubo “una sugestiva venta directa de los terrenos que la entidad poseía en Villa Gobernador Gálvez a ese municipio, en 1995; merced al otorgamiento de un crédito por parte del estado provincial para destinar estas tierras a la construcción de un barrio de viviendas sociales. Parte de esos terrenos, al año siguiente, fueron transferidos a Paladini, quedando el resto (unas 22 hectáreas) como terrenos fiscales sobre los cuales no se concretó obra alguna, ocupados a la fecha por asentamientos irregulares”, señala el escrito judicial.
En ese sentido, desde la comisión recordaron que a través de su departamento Construcciones, Vigil tuvo un rol decisivo en el mejoramiento de Villa Gobernador Gálvez en materia de infraestructura, urbanización y plan de viviendas. “Quienes integramos hoy la biblioteca nos propusimos no sólo recuperar el patrimonio injustamente saqueado de la entidad, mientras las autoridades miraban al costado o participaban del saqueo; sino también establecer todas las responsabilidades penales y civiles correspondientes, tanto de los actores públicos como privados. Pero esta decisión, que para nosotros es fundamental, para el Estado Argentino es una obligación ineludible”.
Por ello, exigen que “se ordene al Registro de la Propiedad Inmueble que inscriba como litigiosos los inmuebles pertenecientes a Vigil; y a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez que se abstenga de realizar contratos o actos administrativos de cualquier índole que impliquen la adquisición de derechos permanentes o temporarios”.
FUENTE: GENTILEZA ROSARIO 12, NOTA DE LORENA PANZERINI
