El Gobierno nacional acaba de dar un giro clave en la financiación de las cámaras empresariales: a partir de ahora, las empresas ya no estarán obligadas a aportar a estas entidades si no están afiliadas.
La medida genera un impacto directo en los empleadores y en la estructura económica de muchas organizaciones empresariales. ¿Qué cambia con esta decisión y cuáles serán sus consecuencias?
¡Chau aportes obligatorios!
A través del Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei estableció que los convenios colectivos ya no podrán imponer contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales para empresas que no estén afiliadas. Hasta ahora, estos pagos eran una carga extra que muchas compañías debían afrontar sin haber elegido ser parte de esas entidades.
En el sector del comercio, por ejemplo, se estima que estos aportes significaban unos $6.000 millones mensuales, destinados principalmente a capacitación. Sin embargo, la falta de transparencia en el manejo de esos fondos había generado reclamos de varias pymes.
¿Quiénes ganan con esta medida?
Las empresas no afiliadas: Dejan de pagar un costo extra que no eligieron y pueden decidir libremente si quieren contribuir.
Las pymes y comercios: En sectores con baja rentabilidad, eliminar estos pagos significa un alivio financiero.
El Gobierno: Refuerza su política de desregulación y promueve la libertad de asociación.
¿Quiénes pierden?
Las cámaras empresariales: Pierden una fuente de financiamiento clave y tendrán que adaptarse a un modelo basado en aportes voluntarios.
Algunas estructuras gremiales: Que usaban estos fondos para capacitaciones, representación sectorial y operatividad.
Un cambio que obliga a repensar el sistema
Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar el principio de que nadie debe pagar por un servicio que no eligió. Para las cámaras, el desafío será demostrar su valor y convencer a las empresas de seguir aportando de manera voluntaria.
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