La medida rige por el término de un año y está destinada a atacar el narcotráfico, el contrabando de armas, la financiación del terrorismo y la trata de personas, entre otros ilícitos.
Este martes el Gobierno nacional concretó la declaración de emergencia en seguridad que había adelantado en diciembre en todo el país. Tras la reunión que mantuvo en su momento la ministra Patricia Bullrich con los responsables del área de las provincias, desde Presidencia informaron el detalle de las medidas que se adoptarán con elobjetivo de combatir los delitos complejos y el crimen organizado. El decreto incluye “Reglas de Protección Aeroespacial” que autorizan a las Fuerzas Armadas a derribar “naves hostiles”, luego de una serie de pasos para “identificar, advertir, e intimidar”, de acuerdo con un protocolo.
La normativa rige por el término de un año, pero podrá ser prorrogada por un lapso de igual tiempo. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, entre otros. “El año pasado el centro de monitoreo de la Fuerza Aérea detectó 400 vuelos no identificados que no pudieron ser perseguidos”, aseguró Patricia Bullrich, quien defendió la autorización para el derribo de aviones.
Entre otras cosas, el texto del decreto sostiene “que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional”. Por eso, el Gobierno consideró que la situación amerita “adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado”.
El decreto firmado a su vez prevé la implementación de “un fuerte control del espacio aéreo”, que estará a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte.
También autoriza, sin necesidad de recurrir al Congreso, la “adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional”.
Otra cuestión que generará controversias, pedida por algunos sectores y criticada por otros, será la “entrada del Estado a los barrios dominados por el narcotráfico”, indicó un funcionario interiorizado en ese objetivo que, según adelantó, estará coordinado por el “Gabinete de Seguridad Humana”, se pondrá en marcha con “asistentes sociales y policías de prevención, para contener” y arrancará por Rosario, Córdoba, Capital y distintos puntos de Buenos Aires.
