El presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la extinción de dominio de los bienes obtenidos por la corrupción y el narcotráfico. Los ministros procedieron a firmar el DNU y este martes se podrá ver su publicación en el Boletín Oficial.
El anuncio de la decisión de impulsar este decreto lo hizo el propio presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La medida que no está exenta de polémica tiene un objetivo que “la Justicia pueda avanzar más rápido en la recuperación” de bienes.
“Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos están atascados hace años, ya esperamos demasiado”, remarcó Macri. En el entorno presidencial explican que la decisión de impulsar un decreto es porque se insistió en numerosas oportunidades que fuera aprobada por el Parlamento sin éxito alguno.
El Presidente señaló que con el dinero recuperado se construirán “escuelas, cloacas”, y que también se podrán “subastar” los “campos, casas, barcos, autos y obras de arte” provenientes de estos delitos.
Para el Gobierno es clave que a la sociedad le quede claro que Cambiemos realmente está dispuesto a luchar contra la corrupción. Macri lo sintetizó cuando dijo: “En Argentina, el que las hace las paga”.
En lo que se interpretó una crítica al Poder Judicial, el primer mandatario dijo que “los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo”, al tiempo que instó a los jueces a que “actúen rápido en el compromiso con la verdad y la transparencia”. En este sentido, insistió en que “los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente”.
Allegados al poder judicial interpretaron que la norma es también un reclamo para “algunos fiscales y jueces” que quizás fueron demasiado “perezosos” en ir detrás del dinero por delitos de corrupción o narcotráfico. Algunos, en super off the record confiesan “a más de un magistrado no le cierra el blanco”, dando a entender cierta complicidad. Obviamente cuando se pregunta a quienes se refieren prefieren callar.
El objetivo del DNU es que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través de los delitos descubiertos. De esta manera, mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos. Esta medida será retroactiva por 20 años.
